El Senado de México ha dado esta semana luz verde a una polémica reforma judicial que incluye, entre otras cosas, la capacidad de que más de 1.600 cargos judiciales sean elegidos por voto popular, como sucede con otros cargos públicos. Con esta reforma, los ciudadanos de todo el país deberán acudir a las urnas y elegir entre decenas de candidatos para los distintos niveles de procuración de justicia a nivel federal. También bajan los requisitos para concurrir al cargo: se pedirá la licenciatura en Derecho con una nota media determinada, cinco años de experiencia y cartas de recomendación. Además, se crea la figura de los “jueces sin rostro”, cuya identidad no podrá ser conocida por ninguna de las partes. Esto pretende dar seguridad a los jueces ante el crimen organizado, pero organizaciones y expertos han advertido de los riesgos que esto conlleva a la hora de garantizar la imparcialidad y justicia. 

Esta amplia reforma judicial ha sido fuertemente impulsada por el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, que ha logrado su aprobación antes de ser sustituido en el cargo el 1 de octubre por su sucesora, Claudia Sheinbaum. Desde que fue inicialmente planteada, la reforma ha sido objeto de duras críticas, protestas e inquietud de sectores mexicanos e internacionales, algunos de los cuales advertían de que podía suponer el fin de la separación de poderes. También han mostrado su preocupación expertos de Naciones Unidas y organismos como Human Rights Watch, que ha advertido de que puede socavar la independencia judicial y la rendición de cuentas.