La Comisión Europea ha presentado una medida que permitirá a los países del grupo comunitario trasladar a solicitantes de asilo rechazados a terceros países, aunque nunca hayan transitado por ellos. La medida, que refuerza la externalización de fronteras, busca acelerar las deportaciones en un contexto de creciente presión política sobre la migración irregular, aupado por las fuerzas de extrema derecha. Bruselas deja en manos de los gobiernos nacionales la construcción y gestión de centros de retorno en el extranjero, pero sienta las bases jurídicas para su implementación.

El plan ha generado críticas de organizaciones humanitarias, que denuncian el riesgo de violaciones de derechos humanos y la falta de supervisión en los países de destino. Además, alertan sobre el impacto del enfoque “punitivo” de la medida, que endurece las condiciones para los migrantes rechazados y facilita su detención prolongada, además de reforzar “estereotipos peligrosos”.