La pena de muerte no se detiene. En 2024 se registraron al menos 1.518 ejecuciones judiciales en todo el mundo, un incremento del 32% respecto al año anterior y la cifra más alta desde 2015, según el informe anual de Amnistía Internacional. Irán fue el país que más penas de muerte llevó a cabo, con 972 casos documentados —sin tener en cuenta China, donde se calcula que hay “miles” sin posibilidad de confirmar—. El informe denuncia que Irán es el país que más mujeres asesinó —al menos 30— y que más del 52% de las ejecuciones fueron por delitos relacionados con drogas, lo que viola el derecho internacional, ya que este solo permite la pena capital para los delitos más graves, como los homicidios intencionales. Arabia Saudí e Irak también mostraron aumentos drásticos en el uso de la pena de muerte, duplicando y cuadruplicando sus cifras respectivamente.

Sin embargo, aún queda espacio para la esperanza. Por primera vez desde 2018, Bangladesh no registró ejecuciones este año tras la llegada al poder del Nobel de la Paz Muhammad Yunus. En África subsahariana, Zimbabue abolió la pena de muerte para los delitos comunes, y la región registró una reducción del 11% en las ejecuciones. Aunque también se registraron retrocesos en países como Nigeria, Burkina Faso y la República Democrática del Congo, que anunciaron planes para reintroducir la pena capital. “En 1977, cuando empezamos a hacer campaña, solo 16 países eran abolicionistas; hoy son 145 en la ley o en la práctica”, indicó Beatriz Martos, responsable de campañas contra la pena de muerte de Amnistía Internacional, quien advierte de la situación en Estados Unidos: “Joe Biden, antes de concluir su presidencia, conmutó el 93% de las condenas a muerte por delitos federales, pero los Estados ejecutores han subido de cinco a nueve, en Alabama se han triplicado las ejecuciones y creemos que las cifras pueden aumentar porque así lo ha dejado claro el presidente, Donald Trump”.