El Parlamento israelí aprobó esta semana una ley que prohíbe las actividades de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Este organismo es el gran pilar que gestiona la ayuda de emergencia, los servicios educativos y la asistencia humanitaria a millones de palestinos. La ley, que ha desatado la preocupación internacional, haría prácticamente imposible que la UNRWA lleve a cabo sus actividades en Gaza. El jefe de la agencia, Philippe Lazzarini, denunció que se trata de un “castigo colectivo” que incrementará el sufrimiento de la población gazatí, privará a más de 650.000 niños y niñas de educación y afectará a numerosos servicios sanitarios. Si la UNRWA desaparece, puede haber un bloqueo tanto en el suministro de combustibles como de personal y ayuda humanitaria. El martes, la Comisión Europea consideró “extremadamente preocupante” esta ley, que en principio entrará en vigor en 90 días, y pidió a Tel Aviv que la derogue. Fundada en 1949, la UNRWA se financia casi en su totalidad con contribuciones voluntarias de los Estados miembros de la ONU. Israel la acusa de “terrorismo” y de ser aliada de Hamás. En los casi 13 meses de ofensiva sobre Gaza, las fuerzas israelíes han acabado con la vida de 220 empleados de esta agencia. 

Sobre el terreno, el Ejército israelí prosigue sus ataques y bombardeos en la Franja y en Líbano. En la madrugada del martes, un ataque aéreo contra un edificio que albergaba a varias familias desplazadas en Beit Lahiya, en el norte de Gaza, mató a más de un centenar de personas. En el Valle de la Becaa, en el este de Líbano, al menos sesenta personas murieron y decenas resultaron heridas en ataques israelíes.  Mientras tanto, la milicia chií libanesa Hezbolá anunció el nombramiento de Naim Qassem como su nuevo líder. Qassem era el número dos del líder histórico Hasán Nasralá, asesinado en septiembre en un ataque israelí en Beirut.