El expresidente filipino Rodrigo Duterte fue arrestado en Manila y extraditado a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya acusado de crímenes contra la humanidad por el asesinato de civiles durante la guerra contra la droga que desató entre 2011 y 2019. La detención, ocurrida en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino, derivó en un enfrentamiento de varias horas entre Duterte, su familia y la Policía filipina. El exmandatario se negó a ser fichado y desafió a los agentes. A pesar de la resistencia, la Policía logró trasladarlo a un avión fletado por el Gobierno, donde fue entregado a la CPI. Para los jueces de este tribunal, el expresidente podría ser responsable de al menos 19 ejecuciones extrajudiciales en la ciudad de Dávao cuando era su alcalde; cuando fue presidente del país, podría ser responsable de al menos otras 24 muertes de presuntos delincuentes asesinados. Sin embargo, según la Policía filipina, en los cinco años de Duterte como presidente, cerca de 6.000 personas murieron en operativos antidroga y operaciones extrajudiciales —más de 30.000 personas, según oenegés locales—.

El arresto ha generado diferentes reacciones tanto en Filipinas como en la comunidad internacional. Mientras grupos de derechos humanos celebran este arresto como un avance en la lucha contra la impunidad, los seguidores de Duterte ha denunciado el proceso como una violación de la soberanía nacional. Su hija, la vicepresidenta Sara Duterte, calificó la entrega del expresidente a la CPI como una “opresión y persecución” y criticó duramente al Gobierno del actual presidente del país, Ferdinand Marcos Jr., por permitir el arresto.