La protección de las personas solicitantes de asilo en Europa está cada vez más amenazada. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha propuesto esta semana a los líderes de la UE abrir “centros de retorno” en terceros países fuera de territorio comunitario para deportar a personas en busca de asilo. Esta idea está en línea con el plan de la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, de deportar a migrantes a Albania como parte de su política de externalizar la acogida fuera de la UE. Este miércoles llegaron a territorio albanés los primeros dieciséis solicitantes de asilo deportados por Italia —diez personas de Bangladesh y seis de Egipto—. Poco después se supo que cuatro de ellos regresaban a Italia: dos por ser menores de edad, y otros dos por encontrarse en condiciones de vulnerabilidad extrema, lo que ha aumentado aún más la controversia sobre el ya polémico plan de Meloni. 

El debate en la UE está servido: la derecha y la extrema derecha apoyan el giro migratorio planteado por Von der Leyen para convertir en legal la deportación de migrantes a campos de retención en terceros países. Alegan que la UE sufre una crisis migratoria, aunque los datos muestran que está  lejos de serlo: según datos de Frontex, las entradas irregulares de personas migrantes ha caído un 42 por ciento de enero a septiembre de este año. Mientras tanto, esta misma semana Polonia ha adoptado el nuevo plan migratorio impulsado por el primer ministro, Donald Tusk, que incluye la suspensión temporal del derecho de asilo para “recuperar el control” de las fronteras polacas, especialmente la que comparte con Bielorrusia, según el mandatario. Organizaciones como Amnistía Internacional consideran este plan “flagrantemente ilegítimo”.