El Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han firmado en La Habana un alto el fuego bilateral y definitivo, que abre la puerta al fin de cinco décadas de conflicto armado.

Detrás quedan cerca de 220.000 muertos, en su enorme mayoría civiles, y más de siete millones de víctimas de secuestros, asaltos bélicos, ataques a bienes, desapariciones, violencia sexual y otros abusos. Este contexto ha convertido a Colombia en el país del mundo con más desplazados internos, 6,9 millones, por encima incluso de Siria.

WHO

Las FARC son la principal guerrilla colombiana y la más antigua de Latinoamérica. Nació en 1964, cuando un grupo de campesinos liderados entre otros por Pedro Antonio Marín, alias “Manuel Marulanda” o “Tirofijo”, se declaró en rebelión contra el Estado. El escenario era el de una intensa represión: Colombia había atravesado en las décadas de 1940 y 1950 un periodo de brutal enfrentamiento entre liberales y conservadores, en una suerte de guerra civil no declarada que derivó, en 1956, en un pacto por el que ambas facciones decidieron alternarse en el poder. Mientras, en las zonas rurales se habían ido formando grupos liberales campesinos de resistencia y oposición a los conservadores, con creciente influencia comunista, que desembocaron en el nacimiento de las FARC. En su carta fundacional, la guerrilla se marcaba como objetivo “acabar con las desigualdades sociales, políticas y económicas, la intervención militar y de capitales estadounidenses en Colombia mediante el establecimiento de un Estado marxista-leninista y bolivariano”.

Fue en la década de 1980 cuando pasó de ser una guerrilla relativamente pequeña a una fuerza estructurada con una estricta jerarquía y bajo el mando de un Estado Mayor. En esos años las FARC comenzaron a practicar secuestros como una vía para financiarse, al tiempo que establecían sus primeros vínculos con el narcotráfico a través de “impuestos” a los traficantes.

Se calcula que, en su momento de mayor fortaleza, llegaron a tener entre 16.000 y 20.000 combatientes. En 2012, cuando comenzaron oficialmente las conversaciones con el Gobierno de Santos, el número había caído a unos 6.000 a causa de la ofensiva militar contra la guerrilla emprendida durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010).

El proceso de paz con las FARC es el proyecto bandera de Juan Manuel Santos, quien ganó las elecciones presidenciales de 2010 con un programa que, en principio, apuntaba a continuidad con la línea de Uribe. Santos, de hecho, había sido ministro de Defensa durante el Gobierno de Uribe y artífice de algunos de los mayores golpes militares a la guerrilla. Sin embargo, una vez llegó a la presidencia, y pese a las voces críticas que apoyaban mantener la vía militar, apostó decididamente por las negociaciones con las FARC.

WHAT

El alto el fuego, uno de los puntos cruciales que se negociaban en la Habana, derriba el último gran muro para la firma del acuerdo de paz definitivo. Establece que,  una vez rubricada la paz, los guerrilleros entregarán en un plazo de 180 días las armas a la ONU. Se establecerán 23 zonas de concentración de guerrilleros y ocho campamentos de las FARC para dejar las armas y en los que no podrá ingresar población civil. Allí se realizarán labores de formación e identificación para facilitar que los combatientes se reincorporen a la legalidad. En el acuerdo, las FARC reconocen que son las fuerzas públicas las que tienen el uso legítimo de las armas en todo el país. También se comprometen a apoyar la lucha contra las bandas criminales, herederas de los grupos paramilitares.

La firma que marca el fin de las FARC como grupo armado ha estado precedida por largas negociaciones para consensuar otros cinco puntos importantes que estaban sobre la mesa en La Habana: 

1. Desarrollo agrario integral. Se regulan aspectos como el acceso y uso de la tierra, el impulso a la salud, vivienda y educación en el campo o la formalización de los derechos de propiedad de tierras.

2. Participación política. Se permitirá el acceso de los guerrilleros desmovilizados a la vida política, con garantías para que puedan ejercer la oposición desde ese escenario.

3. Drogas. La guerrilla se compromete a poner fin a cualquier relación con el narcotráfico y emprender una lucha conjunta contra este problema.

4.Víctimas. Uno de los puntos más delicados y complejos del proceso. Se establecen mecanismos para la reparación de las víctimas y para aplicar justicia  transicional a los responsables del conflicto armado.

5. Implementación, verificación, refrendo. Establece los mecanismos de aplicación y verificación del acuerdo y del plebiscito que deberá refrendarlo. Una vez se firmen los acuerdos, la población colombiana votará en las urnas si lo apoya o no. El umbral de apoyo deberá ser de al menos 13% de la población censada para que salga adelante. 

WHEN

Los actuales diálogos con las FARC se hicieron públicos en octubre de 2012. Se llevaron a cabo primero en Oslo y posteriormente en La Habana, con Cuba y Noruega como países “garantes” y Venezuela y Chile como países “acompañantes”. Anteriormente había habido otros intentos de diálogo que terminaron en fracaso, como el planteado por el Gobierno conservador de Belisario Betancur en la década de 1980 o el que inició el expresidente Andrés Pastrana en 1999, interrumpido en 2002 tras el secuestro de un avión.  

Tras el acuerdo de cese el fuego, el próximo paso es la firma del acuerdo final de paz. No se ha revelado una fecha, pero se espera que tenga lugar entre finales de julio y principios de agosto. 

WHERE

Colombia, con unos 48 millones de habitantes, es un país con grandes recursos naturales y una ubicación estratégica de cara al Pacífico, aunque ha estado marcado durante décadas por la lacra de ser uno de los más violentos de la región. En 2015, el PIB colombiano creció un 3,1% pese a factores como el descenso del precio del petróleo, y se espera que este año lo haga en torno al 2,5%. La tasa de pobreza es del 27,8%, por debajo del 34% que sufría en 2011.

A los elevadísimos números de desplazados y víctimas se suma el serio coste económico de la violencia. Se calcula que durante 2015 el Gobierno invirtió el equivalente al 30% de su PIB en detener la violencia, según el Índice de Paz Global (IGP).

Además de las FARC, en Colombia actúa desde hace décadas otra guerrilla más pequeña, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Se fundó el mismo año que las FARC, 1964, pero a diferencia de esta no tenía un componente tan rural. Su formación estuvo más bien inspirada en el éxito de la Revolución Cubana. Entre sus filas había líderes con un alto grado de formación y sacerdotes como Camilo Torres Restrepo, convertido en icono de la guerrilla tras morir en combate. Las actividades del ELN incluyen ataques a intereses empresariales como los de la poderosa industria petrolera, pero también los secuestros como método de extorsión y presión política (fue un grupo del ELN el que secuestró recientemente durante seis días a la reportera española Salud Hernández-Mora y otros dos periodistas). Esta guerrilla mantiene también inciertos contactos de paz con el Gobierno de Santos, sin que por ahora se hayan traducido en una negociación sólida. Se calcula que cuenta con unos 2.500 combatientes.

El panorama de violencia en Colombia lo completan las llamadas bacrim, bandas criminales herederas de los paramilitares de ultraderecha que se desmovilizaron entre 2003 y 2006, y que combaten, entre otras cosas, por el control del lucrativo negocio del narcotráfico.

WHY

Juan Manuel Santos ha hecho de las negociaciones con las FARC la bandera de su presidencia. El alto el fuego proyecta fuera de Colombia una imagen de mayor seguridad y avances hacia la estabilidad, algo que se amplificará con la firma de la paz definitiva. Y eso supondría un espaldarazo a la inversión extranjera, clave para la agenda económica de Santos, que ha puesto en marcha un ambicioso plan de desarrollo del Pacífico. En el interior del país, sin embargo, la situación es diferente. Las encuestas muestran un escaso respaldo popular al jefe del Estado, y una parte importante de los colombianos ha contemplado hasta ahora las negociaciones con las FARC con una mezcla de desconfianza y escepticismo. En torno al proceso de paz hay una fuerte polarización que, en el eventual posconflicto, podría acrecentarse. Un sector de la población, encabezado por el expresidente Álvaro Uribe, considera que se han hecho concesiones inadmisibles a la guerrilla. Lo que impera entre muchos otros es la cautela, ya que las FARC son una parte de un engranaje mayor de violencia que aún no está desmontado. Todavía existen actores armados (el ELN, las bacrim), y el gran reto es lograr que no ocupen el hueco que dejará el repliegue de la guerrilla. Para eso, el Estado deberá hacerse fuerte en territorios en los que hasta ahora no ha tenido apenas presencia. Además, la reintegración de miles de guerrilleros a la vida civil, al lado de los que fueron sus víctimas, y la justicia y reparación a quienes sufrieron el conflicto de forma directa también supondrá un enorme desafío en la etapa de posconflicto. Las cicatrices están abiertas y muy extendidas: quince de cada cien colombianos han sido víctimas directas del conflicto armado, y un porcentaje mucho mayor lo ha sufrido de forma indirecta. Pero, pese a todos los obstáculos, el hecho de que callen los fusiles de la guerrilla más antigua es un logro político indispensable para empezar a construir la paz.