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Nuestro planeta tiene límites, y cuando la humanidad empuja a la Tierra a rebasarlos —a raíz, por ejemplo, de la emisión de dióxido de carbono que calienta la atmósfera y acidifica los océanos—, desaparecen los fundamentos naturales que permiten el progreso del ser humano y, de alguna manera, el planeta se revuelve contra la especie dominante.
Traspasar estos “límites planetarios” aumenta, además, la probabilidad de que los seres humanos rivalicen violentamente entre ellos. El cambio climático y la manera de confrontarlo reconfigurarán la geopolítica y la seguridad mundial, abriendo nuevas oportunidades de ejercer el poder a los actores violentos no estatales. Los impactos climáticos también pueden afectar a la gobernabilidad: dañan la capacidad y la legitimidad del Estado, intensifican la competencia por los recursos y por el territorio habitable y obligan a adoptar políticas impopulares. Esto es algo que puede empujar a los actores no estatales a recurrir crecientemente a la violencia, ya sea con vistas a influenciar en el comportamiento del Estado o para ocupar su lugar en ciertas áreas estratégicas.
El presente artículo recoge seis factores relacionados con el clima que brindarán nuevas oportunidades a los actores violentos no estatales para impulsar sus demandas. Tales factores, que se irán desarrollando uno por uno en el texto, son los siguientes: la crisis de alimentos, agua y energía, y su impacto en la capacidad y legitimidad del Estado; el aumento de áreas difícilmente habitables debido a razones ambientales; el incremento de restricciones impopulares en el acceso a los recursos; la mayor demanda de traficantes de personas y de guardias fronterizos armados para contrarrestar los movimientos migratorios; caos e injusticia resultantes de los desastres climáticos más frecuentes e intensos; y la rabia contra los responsables del cambio climático.
Esta enumeración no pretende afirmar que, irremediablemente, la actividad de los actores violentos no estatales a nivel global deba ser necesariamente mayor en 2030 o 2040, si la comparamos con décadas anteriores. Por importante que sea el cambio climático, es solo uno de los factores que confluyen en el surgimiento y en la expansión de estos actores. Existen, además de este, otros factores también determinantes, como la eficacia de la gobernanza, los movimientos ideológicos, el cambio demográfico o la evolución de la tecnología de seguridad. Los seres humanos siguen teniendo también una capacidad considerable para mitigar los efectos del clima y adaptarse a ellos. No obstante, como intentaremos exponer a lo largo de este artículo, la reacción a impactos climáticos como sequías y olas de calor ejercerá, como mínimo, una presión al alza sobre el número de oportunidades abiertas para la actuación de los actores violentos no estatales.
La crisis de alimentos, agua y energía
La investigación politológica ha convenido que el “aumento del bienestar” —entendido como una mejora constante del nivel de vida— es un elemento clave para la legitimidad de un Estado. Ahora bien, sabemos que en el contexto de cambio climático proliferarán los fenómenos meteorológicos extremos que mermarán la capacidad de los Estados para preservar la seguridad, el bienestar y los bienes de sus ciudadanos. Recursos que hipotéticamente podrían destinarse a mejorar la educación o la sanidad se destinarán a la adaptación para el cambio climático o a las energías renovables, e incluso puede que estas partidas sencillamente dejen de estar disponibles. Se prevé, de hecho, que el cambio climático limite la producción económica mundial en más de un 10% de aquí a 2050, en comparación con los niveles de crecimiento esperados si no tuviéramos en cuenta este fenómeno. Y esas pérdidas serán, sin duda, mucho más significativas en los países más vulnerables.
El cambio climático puede afectar, por tanto, a la legitimidad que los Estados obtienen de su ejercicio, gracias a la gestión de gobierno. A pesar de existir otras fuentes de legitimidad —como el criterio de legalidad del gobierno o el consentimiento de los gobernados—, la legitimidad de ejercicio es una dimensión importante, especialmente en los estados no democráticos. Y es cuando los Estados son percibidos como ilegítimos, debido a que no son capaces de proveer seguridad y prosperidad a sus ciudadanos, cuando pueden proliferar los actores no estatales, como grupos insurgentes o grupos controlados por los señores de la guerra. Frente a un Estado tambaleante, que es cada vez más incapaz de proporcionar servicios clave, los actores violentos no estatales intentarán hacerse con una parte de la legitimidad y, con ello, pueden romper de facto el monopolio estatal de la violencia.
La legitimidad contribuye, además, a establecer y mantener la paz. Ejemplo de ello fue el fracaso del Gobierno Federal de Transición de Somalia a la hora de derrotar a Al Shabab a principios de la década de 2010, que se atribuyó a su incapacidad para conseguir legitimidad política interna. Por el contrario, la victoria de las fuerzas de seguridad pakistaníes sobre los talibanes de ese país no se explica tanto por un cambio de táctica militar como por, precisamente, su recuperación de la legitimidad. Durante los conflictos y en la fase inicial de posconflicto, la legitimidad de ejercicio es por lo general, la principal fuente de legitimidad. Para conseguirla, los Estados deben proveer servicios y garantizar que se satisfacen las necesidades básicas de los ciudadanos.
La historia contemporánea ofrece varios ejemplos de cómo la incapacidad del Estado para proporcionar servicios básicos facilitó la emergencia o expansión de actores violentos no estatales. En Siria, por ejemplo, a finales de la década del 2000, la sequía dio lugar a una gran inseguridad alimentaria que abrió el camino a las protestas que desembocaron en una guerra civil. En Nepal, el deficiente suministro de bienes públicos por parte del Estado —caracterizado por los recurrentes cortes de electricidad— ha obstaculizado la consolidación de la paz desde 2006. También en Irán, a finales de 2021, la falta de agua debido a la sequía condujo al enfrentamiento entre agricultores y policía, que se saldó con decenas de heridos. Los Estados autoritarios son los que más ven peligrar su legitimidad en estos casos, ya que carecen de legitimidad de origen. Su “contrato social” con los ciudadanos se basa en que los segundos sacrifican su autodeterminación y los derechos democráticos a cambio de seguridad básica y de un aumento del nivel de vida. Y cuando el Estado deja de cumplir su parte del trato se ve inmediatamente expuesto a presiones, con independencia de que el causante de la situación pueda ser el carbono emitido en décadas anteriores y en otros continentes.
Más áreas difícilmente habitables
Las zonas inhóspitas desde el punto de vista ambiental son un territorio fértil para los actores violentos no estatales, especialmente en los “espacios sin gobierno”: la autoridad estatal es débil y la principal actividad económica, más allá de la agricultura, son actividades ilegales como el contrabando. Cuando el cambio climático convierte los prados en desiertos o contribuye a la salinización del suelo, impide que los agricultores puedan vivir de la tierra y facilita que los actores violentos no estatales puedan ganar terreno y ejercer una mayor autoridad.
La geografía es, de hecho, uno de los factores que explican la ingobernabilidad de muchas zonas interiores de estados africanos como Libia, Argelia o Malí. La región del Sahel, la franja semiárida de África occidental que separa el desierto del Sáhara de las sabanas tropicales ubicadas más al sur, es un ejemplo perfecto de ello. En Nigeria y Malí el cambio climático está contribuyendo a la desertificación, destruyendo los medios de subsistencia, impulsando la migración y abonando peligrosos conflictos entre agricultura y pastoreo. La desertificación empuja el pastoreo hacia el sur, donde compite con los agricultores por el agua y la tierra fértil. Es en este entorno, caracterizado por las sequías y la escasez de tierras cultivables, así como por la alteración de los medios de subsistencia, donde la insurgencia de Boko Haram ha captado más población y más poder.
Tampoco los países más ricos, y con una gobernanza más sólida, son inmunes a la presión ambiental que favorece la emergencia de grupos violentos no estatales. La histórica sequía que asola el oeste de Estados Unidos ya ha obligado a los gobiernos a tomar medidas de conservación del agua, tan necesarias como impopulares. En 2001, cuando la Oficina de Administración del Territorio de Estados Unidos anunció, por primera vez, sus planes de cortar el agua a los agricultores para preservar la vida de los peces en el lago Upper Klamath de Oregón, un grupo de agricultores y ganaderos armados irrumpió en una instalación gubernamental para abrir las compuertas de riego y más tarde protagonizó un tiroteo cerca de las oficinas de un grupo indígena local.
Dos décadas después, la tensión vuelve a aumentar. En 2014, partidarios conservadores del ganadero Cliven Bundy protagonizaron un enfrentamiento armado con agentes federales estadounidenses como consecuencia de una disputa, derivada del impago por parte de Bundy, de las tasas de pastoreo correspondientes al uso de tierras federales. De nuevo en 2016, los partidarios de Bundy (People’s Rights Network) tomaron una reserva natural federal en Oregón como protesta contra el control gubernamental de las tierras occidentales. A medida que la sequía en el oeste estadounidense se agrave, y que el gobierno federal obligue a los Estados a reducir significativamente el uso del agua, es probable que las políticas hídricas se vuelvan más radicales y que aumente la actividad de los actores violentos no estatales.
También en California han surgido milicias armadas y clandestinas que están aprovechando los fuegos forestales para reclutar nuevos miembros. La supuesta Milicia Estatal de California afirma que está formada por “patriotas” que se preparan para “los disturbios que están por venir”. La incapacidad de los estados para hacer frente a las tensiones derivadas del cambio climático puede aumentar el deseo de construir alternativas al poder público, y la expansión del territorio no gobernado otorgará a esos actores nuevos espacios para arraigar donde los cultivos ya no logren hacerlo.
Más restricciones impopulares en el acceso a los recursos
La preocupación por el cambio climático puede hacer que los gobiernos adopten nuevas restricciones sobre cómo y cuándo extraer y dispensar los combustibles fósiles, y esto puede desencadenar protestas de carácter violento. Entre 2005 y 2018, cuarenta y un países tuvieron al menos una revuelta asociada directamente con demandas de combustible por parte de la población. De hecho, la preocupación que despierta el cambio climático está haciendo que cada vez más países apliquen la tarificación del carbono (cuarenta y siete según el Banco Mundial) y que los gobiernos reduzcan gradualmente, y con retraso, las subvenciones a los combustibles fósiles.
En paralelo a estas protestas por el aumento en los precios de los combustibles fósiles encontramos las movilizaciones por los lamentables efectos secundarios de la necesaria transición a la energía limpia: localidades que podrían verse arruinadas por la prospección de nuevas minas, población desplazada para dar paso a nuevos tendidos eléctricos, o bucólicos parajes rurales echados a perder en pro de la producción de energía renovable. Las disputas derivadas de la construcción de infraestructuras de apoyo a la transición energética tan solo acaban de empezar.
Hasta ahora, muy pocos gobiernos —y ningún gran productor de combustibles fósiles— han querido sumarse a iniciativas como la alianza Beyond Oil and Gas y comprometerse a poner fin a la extracción de combustibles fósiles. Las restricciones a la producción de estos combustibles implementadas hasta ahora tenían como objetivo principal las minas de carbón, lo que ya dio lugar a protestas como las que tuvieron lugar, por ejemplo, en Polonia en el 2021. Pero si los gobiernos asumen seriamente sus compromisos climáticos, tendrán que limitar la producción no solo de los yacimientos petrolíferos, sino también de otros “activos con incidencia en el clima”, como las explotaciones de ganado vacuno.
En los estados más consolidados, la reacción contra tales restricciones podría parecerse a la sucedida en los años ochenta, cuando el gobierno británico cerró las minas de carbón. Por razones económicas y políticas, el ejecutivo de Margaret Thatcher estaba decidido a cerrar esos yacimientos —que estaban subvencionados y que no eran rentables—, y a acabar con los sindicatos del sector. Los mineros, en respuesta a esta decisión, se declararon en huelga y bloquearon las minas para impedir que continuaran la producción utilizando “esquiroles”. El conflicto culminó en 1984 con la batalla de Orgeave, en la que miles de mineros y policías se enfrentaron a las puertas de una mina de carbón en Yorkshire, que se saldó con decenas de heridos.
El objetivo de los huelguistas en aquel caso era cambiar la política gubernamental. Sin embargo, en estados más débiles, el objetivo de los actores violentos no estatales podría ser, directamente, hacerse con el control de los territorios productores de combustible. Recordemos cuando, a mitad de la década de 2010, Estado Islámico capturó los campos petrolíferos sirios e iraquíes o cómo, actualmente, las autoridades nigerianas no logran impedir el expolio diario de cientos de miles de barriles de crudo. Llegado el caso de que el gobierno nigeriano quisiera reducir la producción, muy probablemente debería lidiar con la respuesta violenta de la gente que ahora se beneficia de este expolio energético.
La transición hacia una energía con bajas emisiones de carbono está dando también mucha mayor importancia y valor a un nuevo grupo de recursos, como el litio, utilizado en muchas baterías, y el cobre, empleado en el tendido eléctrico.
Conscientes de ello, los actores violentos no estatales están tratando ya de controlar estos recursos, exportando el conflicto a nuevos territorios. En la selva amazónica, por citar un ejemplo, hay evidencias de que grupos mafiosos han construido cientos de aeródromos ilegales para el transporte de mercancías desde y hacia sus minas ilegales y, según parece, fueron mineros ilegales quiénes mataron a puñaladas al jefe de una aldea wayãpi de la Amazonia brasileña, en un ejemplo más de la violencia cometida contra los indígenas en la lucha por los recursos de sus tierras. Mientras tanto, en Colombia y Ecuador se han articulado algunos grupos de defensa indígenas para proteger su territorio.
Si bien por el momento la mayor parte de los mineros ilegales buscan oro, los minerales necesarios para la energía limpia también son cada vez más codiciados, tanto por parte de los furtivos como por los consorcios internacionales. En las minas sudafricanas han surgido delincuentes armados y saqueadores que van detrás del platino y el cobre21; mientras que en Chile manifestantes cortan las carreteras que dan acceso a los lugares de extracción del litio22; o, en Serbia, se bloquean las autopistas para impedir que Río Tinto abra una nueva mina de extracción de este mineral23. Vemos también como algunos grupos terroristas, como las Fuerzas Democráticas Aliadas-Ejército Nacional para la Liberación de Uganda, se financian crecientemente con el contrabando de minerales procedentes de la República Democrática del Congo, rica en cobalto.
La transición energética debería lograr que progresivamente el petróleo y el gas se conviertan en recursos de menor importancia. Sin embargo, no pondrá fin a los conflictos en torno a los codiciados recursos relacionados con la energía.
Más demanda de traficantes de personas y de guardias fronterizos
Otro factor a tener en cuenta es que, en las próximas décadas, el impacto climático obligará a millones de personas a abandonar su hogar, su lugar de residencia y su país de origen. Algunos de estos migrantes recurrirán a traficantes de personas con la esperanza de acceder a territorios en los que no son legalmente bienvenidos. Trágicamente, esto ya es un gran negocio que mueve más de 100 millones de dólares al año en las rutas migratorias del Mediterráneo occidental y central hacia Europa. Si debido al cambio climático aumenta la presión para emigrar en aquellas zonas más vulnerables y, si no se alcanza un acuerdo internacional sobre el estatus jurídico y las vías migratorias de los refugiados climáticos, habrá cada vez más personas que empleen sus ahorros para pagar a traficantes con la esperanza de poder acceder a una vida mejor, y esos ahorros servirán probablemente para financiar todo tipo de actividades armadas ilegales. Al mismo tiempo, del otro lado de la frontera pueden surgir grupos violentos no estatales que traten de detener a los migrantes por su cuenta. En Estados Unidos, estos grupos de “vigilantes” —desde la milicia Minutemen a los Three Percenters— han plagado la frontera sur durante décadas.
Aunque los que migran por cuestiones climáticas tienden a ser personas vulnerables que buscan refugio en territorios cercanos y más habitables, también los que disponen de más medios y de “pasaportes adecuados” podrían aumentar la demanda de actores violentos no estatales por efecto del cambio climático. Habrá quienes, ante las rupturas de suministro y la escasez de agua, busquen un confortable refugio en comunidades privadas, equipadas con sus propias redes eléctricas, sus sistemas de almacenamiento de energía y sus propias plantas desalinizadoras que les garanticen el suministro de agua.
A menos que estuvieran abiertas a todos —algo improbable, ya que su razón de ser es precisamente preservar los escasos recursos para el beneficio de unos pocos—, estas comunidades tendrán que estar protegidas en recintos cerrados y con guardias armados. No es una imagen sacada de películas distópicas de ciencia ficción como Elysium (2013), en la que unas pocas élites ultrarricas viven en una estación espacial verde mientras la mayor parte de la humanidad lucha por sobrevivir en una Tierra en ruinas; hoy ya hay empresas de seguridad privada que patrullan barrios selectos de Chicago y Los Ángeles para proteger a sus clientes de la delincuencia. Si recordamos el devastador paso del huracán Katrina por Nueva Orleáns en 2005, al cabo de pocas horas de la tragedia hombres armados de las empresas de seguridad privada Blackwater e Instinctive Shooting International empuñaban ametralladoras para proteger empresas privadas y edificios gubernamentales.
Caos e injusticia ante la intensificación de los desastres climáticos
El IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) advierte que el “cambio climático inducido por el ser humano” dará lugar a “fenómenos extremos más frecuentes e intensos”, y que un calentamiento global de un 1,5 °C o superior generará un “aumento inevitable de múltiples riesgos climáticos”. Debido a inundaciones e incendios forestales más devastadores, los gobiernos gastarán más en ayudas tras las catástrofes y, cuando esta respuesta sea insuficiente o poco equitativa, generará indignación y dañará la legitimidad del Estado.
Así lo vimos en desastres naturales anteriores. En 2018, tras el paso del huracán Harvey por Estados Unidos, hubo funcionarios que acusaron a George P. Bush —Comisionado de Tierras de Texas— de “discriminar por motivos de raza y origen nacional”, cuando su agencia negó fondos federales a los condados de Houston y Harris. Otras investigaciones han revelado que la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (en inglés, FEMA) suele dar más ayuda a las víctimas blancas de desastres que a las personas no blancas (lo que se debe en parte a que la FEMA concede más ayudas a los propietarios y arrendadores, en su gran mayoría población blanca, que a los inquilinos, especialmente en las zonas urbanas).
A veces, lo que abre las puertas a los actores violentos no estatales no es tanto una cuestión de discriminación o de injusticia en cuanto a la respuesta a una catástrofe, como de simple incompetencia. Cuando las devastadoras inundaciones de julio de 2010 golpearon Pakistán, hubo víctimas de la catástrofe que sintieron que el gobierno no estaba haciendo lo suficiente por ellos. Por el contrario, algunos grupos islamistas ‒como los talibanes y Laskhar-e-Toiba‒, intervinieron para proporcionar comida, agua y atención médica, lo que llevó al entonces presidente Asif Ali Zardari, a declarar que los islamistas “cogerían a los bebés que se quedaran huérfanos y los meterían en sus propios campos para entrenarlos como futuros terroristas”.
Además, el control de la ayuda internacional ante catástrofes puede ser una fuente de poder para los actores violentos no estatales. Ejemplo de ello es la sequía que provocó la hambruna en Somalia en 2011. El sur del país estaba en aquel momento en manos del grupo islamista insurgente Al-Shabab, que vetó la intervención de las agencias de ayuda de la ONU —a las que calificó de “rostro civil de las fuerzas infieles”—, y con ello hizo que la hambruna fuera más mortífera de lo que podía haber sido.
La política de adaptación climática también puede ser fuente de conflicto. ¿Dónde se construirán los diques, y qué barrios protegerán? ¿Qué zonas asegurarán los gobiernos, asumiendo la responsabilidad de la reconstrucción? ¿Y en qué zonas quedará prohibida la construcción eludiendo los gobiernos y las aseguradoras toda responsabilidad? Decisiones gubernamentales como obligar a cierto segmento de la población a salir de territorios peligrosos, o redefinir las zonas consideradas con riesgo de inundación o incendio, dañando en ellas el valor de la propiedad, pueden dar lugar a resentimientos que podrían repercutir en la decisión de una parte de la población a la hora de dar o no su apoyo a actores violentos no estatales.
La rabia contra los responsables del cambio climático
Cuanto más se agrava el impacto del cambio climático, mayor es la distancia entre lo que dicen los políticos sobre la “amenaza existencial” que representa la crisis climática y lo que hacen para afrontarla. Es de esperar, por tanto, que más activistas climáticos recurran a la violencia para alcanzar sus fines. Esto podría implicar actos violentos destinados a presionar a los políticos para que actúen, o ataques directos contra infraestructuras de combustibles fósiles con el objetivo de reducir las emisiones a corto plazo y aumentar el coste de la quema de combustibles fósiles.
La violencia en nombre de la protección del medio ambiente no es nueva. En los noventa, el Earth Liberation Front, con sede en Estados Unidos, provocó incendios con la intención de impedir la tala de un bosque de Colorado para la construcción de una estación de esquí y de otros objetivos semejantes. En el delta del Níger, desde 2006, el Movement for the Emancipation of the Niger Delta (MEND) ha perpetrado atentados contra infraestructuras petrolíferas y gasísticas y secuestrado a empleados de la industria petrolera; aunque entre sus reivindicaciones está la denuncia de la injusticia contra la etnia ijaw y la falta de control local sobre los recursos, la contaminación causada por la extracción de hidrocarburos es uno de los principales motivos de la actividad violenta de este grupo. La campaña de sabotaje contra las minas de cobre en Bougainville, en Papúa Nueva Guinea, a finales de los años ochenta, es un ejemplo en el que se combinan agravios en la gestión de los beneficios y el resentimiento por los perjuicios ambientales.
Sin embargo, solo en contadas ocasiones la mitigación del cambio climático ha sido una motivación clave para cometer actos violentos. Las protestas por el clima suelen ser pacíficas, ya se trate de un grupo de activistas de Greenpeace ocupando una plataforma petrolífera en Dinamarca o de cientos de miles de activistas de Fridays for Future manifestándose en la ciudad de Berlín. A principios de la década de 2020 ha aumentado el recurso a daños materiales de bajo nivel (activistas que obstaculizan el paso por las autopistas, que arrojan comida sobre cuadros de valor incalculable o que desinflan neumáticos a todoterrenos). Si ha habido personas heridas como resultado de las protestas climáticas, casi siempre han sido casos puntuales y derivados de daños colaterales, como cuando algunos activistas climáticos alemanes del grupo Ende Gelände recurrieron a la fuerza para romper un cordón policial que protegía la mina de carbón de Jänschwalde, en Brandeburgo, hiriendo a tres agentes.
Incluso Extinction Rebellion, grupo que expresa la radicalidad en su propio nombre, describe sus tácticas como “acción directa no violenta y desobediencia civil”. Mientras tanto, cientos de activistas medioambientales, especialmente indígenas, mueren cada año a manos de las fuerzas de seguridad, organizaciones criminales y fuerzas paramilitares decididas a continuar con la extracción de recursos a toda costa. Según Global Witness, los países más peligrosos para estos defensores del medio ambiente son Colombia, México, Filipinas y Brasil (en ese orden). Conviene señalar en todo caso que, a menudo, la violencia paramilitar contra manifestantes pacíficos ha precedido a sabotajes violentos de los defensores del medio ambiente, por ejemplo, en los ataques contra el pueblo ogoni en el delta del Níger a mediados de los años noventa.
Muchos movimientos sociales, en gran medida pacíficos, se han beneficiado de un “flanco radical” dispuesto a tomar medidas extremas que el núcleo de sus partidarios no comparte. Ahora bien, dado que los efectos del cambio climático se agravarán sin duda en la próxima década, ¿sería realmente sorprendente que un pequeño porcentaje de los que se manifiestan pacíficamente por la justicia climática llegara a considerar que los secuestros selectivos de ejecutivos de empresas de combustibles fósiles reducirían la producción de estos combustibles y, en consecuencia, las emisiones y su impacto? ¿O que un ciudadano damnificado por el cambio climático trate de vengarse de manera violenta contra un político al que culpa de la muerte de un familiar enfermo que no sobrevivió a la última ola de calor, o de que su casa desaparezca bajo las aguas por el aumento del nivel del mar?
En 2021, la National Intelligence Estimate de Estados Unidos afirmaba que, en 2040, “las demandas de financiación y asistencia tecnológica de los países en desarrollo” y “la mayor demanda de ayuda y socorro humanitario” serían de alto riesgo para los intereses de la seguridad nacional. Aunque se espera que estos riesgos de seguridad se manifiesten en contextos diplomáticos, como las negociaciones sobre las promesas incumplidas del G7 en materia de financiación climática, también es concebible que pequeños grupos de víctimas del cambio climático recurran a la violencia para castigar a los países o empresas más responsables de la crisis climática, o a los que consideren responsables de los perjuicios derivados de las estrategias de mitigación climática de emergencia, como la geoingeniería solar.
Conclusiones
Ya sean ecoterroristas, traficantes de personas o milicias poshuracán, los actores violentos no estatales del siglo XXI serán diferentes de los del XX, una época en la que la humanidad pensó erróneamente que la naturaleza había sido definitivamente conquistada y que era inerte, incapaz de revolverse contra la más poderosa de sus creaciones. Sin ninguna duda, la naturaleza devolverá el golpe con incendios e inundaciones, y es de prever que las víctimas humanas de esos fenómenos naturales recurran a su vez a la violencia.
