“La primera vez que me secuestraron fue en la década de 1990, en la esquina de este edificio; o entraba en el coche por las buenas o la policía que hace guardia en la sinagoga del centro de El Cairo les ayudaría a hacerlo por las malas”. Mientras habla, Gamal Eid, director de la Red Árabe para la Información de Derechos Humanos (ANHRI, siglas en inglés), busca sus recuerdos a través de una ventana abierta que trae el ruido del tráfico, la última llamada a la oración del día y un millar de puntos de luz que empiezan a prenderse en los edificios cubiertos de arena y carbonilla.

“Estamos viviendo una época negra. Nunca hemos estado peor que ahora. Ni con Mubarak”, medita Eid. El bochorno en la capital egipcia se hace insoportable en este día otoñal y el viento arrastra enormes nubarrones que amenazan tormenta. El abogado se pasa la mano por la frente para secarse el sudor. Parece cansado. En los cinco años que han pasado desde la revolución, su pelo oscuro y rizado, que ahora lleva muy corto, ha encanecido, y su rostro moreno, de pequeños ojos inquisitivos, se ha vuelto más grave. Pese a todo, no aparenta los 52 años que tiene, ni parece acusar el desgaste de años de lucha por los derechos y las libertades en Egipto.

Su ONG ofrece apoyo legal y documenta casos de víctimas de abusos por parte del Estado. En Gamal Eid se resume el espíritu de lucha de la sociedad civil egipcia. Alto y corpulento, es fácil localizarle en cualquier manifestación exigiendo justicia social o denunciando los crímenes del Gobierno, las torturas, desapariciones forzosas o encarcelamiento de periodistas; también en las escaleras de los juzgados, donde pelea con la ley en la mano contra un sistema que no favorece a los de abajo. Por eso, en 2004 fundó la ANHRI.

Historia de una larga lucha

Aunque vuelva de una protesta en una ciudad tan caótica como El Cairo, Gamal conserva siempre intacta su chaqueta de lino clara, que combina con unos vaqueros informales. Una pulcritud tan insobornable como su lucha democrática, que dura ya más de veinte años.

En el último encuentro que tengo con él, Eid está preocupado porque un juez ha prorrogado la estancia en prisión de Esraa Taweel, una joven periodista egipcia que fue secuestrada y apareció en prisión tres semanas después de su desaparición forzada, aunque la Policía había negado repetidas veces tenerla bajo custodia. “La cárcel es mala, pero los que están en prisión son inquebrantables. Su presencia tras las rejas es la prueba más evidente de la falsa propaganda del régimen, que dice estar luchando contra el terrorismo. No, el Gobierno no lucha contra el terrorismo, lucha contra la revolución”.

Pese a ser abogado desde hace veinte años, Gamal dice no tener fe en la Justicia. No le faltan motivos. En los últimos años permanecen impunes cientos de desapariciones forzosas como la de Taweel: activistas, periodistas, disidentes políticos, militantes de los Hermanos Musulmanes… Solo en 2015 hubo al menos 1.840 casos documentados por organizaciones locales. También torturas y muertes bajo custodia: en enero, el centro Nadeem para la Rehabilitación de Víctimas de Violencia y Tortura publicó un informe denunciando los asesinatos extrajudiciales de 328 personas fuera de las dependencias policiales y otras 137 dentro de ellas, entre otros abusos del Ministerio del Interior. La respuesta de las autoridades egipcias ha sido ordenar el cierre de la organización.

“Tenemos estadísticas precisas hasta 2013 pero, como el presidente Abdel Fatah Al Sisi ha cometido más crímenes que nadie y rechaza colaborar, estimamos que desde el 30 de junio de 2013 hasta ahora ha habido más de 2.500 muertos y 60.000 detenciones”, apunta Eid. Suma y sigue. “Ahora mismo no hay independencia judicial, la brutalidad policial está aumentando y los medios de comunicación son cómplices de esta situación. Cada vez es más difícil ofrecer defensa legal a las víctimas. Así que no, no tengo fe en la Justicia”.

Estos días es el propio Eid el que sufre el acoso de la judicatura egipcia. “Me siento bien. Nunca me daré por vencido”, explica cuando le contacto de nuevo por teléfono, antes de acudir al juzgado. En febrero, cuando intentaba coger un vuelo, descubrió en el aeropuerto de El Cairo que pesa sobre él la prohibición de viajar fuera del país; además, se ha ordenado la congelación de sus fondos, así como los de su esposa, una mexicana estadounidense no musulmana, y su hija de once años. Contra él y el periodista Hossam Bahgat, fundador de la ONG Iniciativa Egipcia para los Derechos Individuales, se ha abierto un caso que muestra el grado de putrefacción en que el Estado egipcio, sus instituciones sociales y políticas, tejido judicial, económico y laboral se encuentran en 2016. Se les acusa de que sus organizaciones no se fundaron de acuerdo con la legislación egipcia que las regula, de recibir fondos extranjeros y de “dañar la reputación del país”.

El Estado contra los activistas 

“Esto es una campaña del Gobierno para acabar con las organizaciones de derechos humanos serias e independientes”, subraya el abogado. “El Estado emplea todas sus agencias para difamar y atacar a los que defendemos las libertades”. Su trabajo, explica, “es sacar a la luz las brutales violaciones de los derechos humanos y hablar de lo que no se habla”.

Tan idealista como suena, Eid habla con convicción en un árabe popular, sin afectación, y ha demostrado ampliamente con hechos que se puede plantar cara al régimen. Desde que salió en 1989 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ain Shams, en El Cairo, su destino ha estado unido a la lucha por las libertades y derechos de los egipcios. Esto le ha valido el reconocimiento nacional e internacional, con premios como el Roland Berger para los que defienden la dignidad humana, que recibió ANHRI en 2011, o el premio como Líder de la Democracia, que el Proyecto Democracia en Oriente Medio le concedió por su activismo. Galardones como esos cogen polvo sin embargo en su oficina del Wust el Balad cairota, sepultados entre decenas de documentos, casos judiciales y periódicos. Si no trabaja frente al ordenador, está al teléfono o reunido, siempre con una cajetilla de cigarrillos rubios y un nescafé cerca.

Su compromiso le ha convertido en objetivo del régimen. “Nos enfrentamos a un enemigo sin valores, me da rabia que se arrastre a mi esposa en este caso [se le han congelado las cuentas por si fueran una extensión de las de su marido], aunque no me sorprende. Los jueces deberían buscar la verdad y no la difamación, ni poner la ley al servicio de un régimen represivo en sus enfrentamientos políticos con la sociedad civil”. Es habitual en el nuevo Egipto del presidente Al Sisi que se fabriquen casos contra activistas, especialmente por cargos de terrorismo, con el propósito de mantenerles alejados de la vida política y para disuadir a otros de seguir ese mismo camino. Algo que no han conseguido con Eid, que ha invertido la compensación económica de sus premios en oficinas, bibliotecas de derechos humanos, y grupos de trabajo para educar sobre derechos y libertades.

Eid fue encarcelado cuatro veces durante el régimen de Hosni Mubarak (1981-2011). Durante aquellos años, ayudó a construir el tejido de la sociedad civil sobre el que se asienta el actual movimiento de derechos humanos en Egipto. Ahora, ese movimiento está amordazado. “Pese a todo, con Mubarak fue posible crear un espacio para la existencia de grupos independientes, algo que no está ocurriendo con el Gobierno de Al Sisi”. Grupos que consiguieron operar incluso bajo el mandato del islamista Morsi.

La ANHRI denunciaba hace poco la detención de cinco activistas con vínculos probados a movimientos pacifistas, a los que se acusa sin embargo de ser miembros de los Hermanos Musulmanes, lo que en la práctica es una acusación de pertenencia a un grupo terrorista. Cinco meses después del golpe de Estado contra Morsi, en diciembre de 2013, la cofradía fue declarada grupo terrorista. Desde entonces sus miembros son detenidos por docenas y condenados por miles, a muerte o cadena perpetua, en macrojuicios. El propio expresidente Morsi ha sido sentenciado a la pena capital. Además, los Hermanos son acusados de perpetrar cada uno de los atentados que desde hace dos años sacuden el país, a pesar de haber sido reivindicados en cada ocasión por Ansar Bayt al Maqdis, la filial de Estado Islámico en el Sinaí: coches bomba en El Cairo, atentados contra el gasoducto que discurre hacia Israel o contra las fuerzas de seguridad. Estado Islámico ha hundido sus raíces en la Península egipcia, donde mantiene un pulso con el Ejército que fortalece la retórica antiterrorista del Gobierno y le permite tapar su campaña contra la oposición.

“La impunidad de las autoridades [contra los activistas] ha sido sistemática desde la época de Hosni Mubarak, pero ahora es flagrante”, explica el abogado. Silenciando a organizaciones como la de Eid y a sus trabajadores, el régimen pretende acabar con los últimos resquicios de tejido social que le planta cara, pero el letrado cree que no podrán desmembrarles del todo: “La revolución de enero de 2011 contribuyó significativamente a la creación de un movimiento a favor de los derechos humanos. Antes había organizaciones, pero ahora hay un movimiento de verdad que ya se ha establecido y, por lo tanto, incluso si este régimen represivo nos ilegaliza, el movimiento continuará destapando sus abusos”.

¿El fin de la revolución?

Cinco años después del inicio de la Primavera Árabe, el nuevo Egipto no es el que soñaron los jóvenes de Tahrir, ni el que Eid confiaba en conseguir, aunque el abogado es optimista y considera que este Gobierno está “cavando su propia tumba”. Pero la bien engrasada estructura del régimen de momento no parece sentirse intimidada. Ni por las denuncias, ni por las llamadas de atención de organismos internacionales como el grupo de trabajo sobre Egipto de Estados Unidos, que ha pedido a su presidente, Barack Obama, que interrumpa la ayuda económica en vista de la involución en materia de libertades. En marzo, diecisiete oenegés egipcias expresaban su preocupación ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, mientras el alto comisionado emitía un comunicado sobre Egipto en el que condenaba el deterioro de los derechos fundamentales en el país. En esas mismas fechas, el Parlamento Europeo emitió una resolución en la que pedían la suspensión de la cooperación en materia de seguridad entre los Estados de la Unión Europea y Egipto por el deterioro de los derechos humanos. Menos de un mes después, hace apenas dos semanas, el presidente francés François Hollande se reunió en El Cairo con su homólogo egipcio y firmó acuerdos económicos por valor de más de 1.500 millones de euros, que incluyen colaboraciones en materia militar. Hollande señaló que “los derechos humanos no son una limitación, también son una forma de luchar contra el terrorismo”.

Dos días más tarde, Gamal Eid y Hossam Bahgat acudieron a los tribunales y el juez dio una nueva vuelta de tuerca al caso al incluir a otras oenegés y varios de sus miembros en el mismo proceso. Esa semana también se detuvo a 237 personas como medida preventiva ante la convocatoria de una manifestación para protestar por la cesión a Arabia Saudí de dos islas pertenecientes a Egipto. Así lo denunció Eid a través del Frente para la Defensa de los manifestantes egipcios, un colectivo de oenegés al que pertenece la ANHRI.  

El nuevo Egipto se hunde en un sumidero de detenidos, muertos, torturas y secuestros. Amordazar a los testigos y negar las evidencias son la práctica habitual de cualquier dictadura, pero el Ejecutivo de Al Sisi lo está convirtiendo en un arte solo dos años y medio después de llegar al poder. El exmilitar fue elegido en las urnas en 2014 con un 93% de los sufragios de unas elecciones donde participó el 50% de los egipcios, y que siguieron a un golpe de Estado en julio de 2013 que derrocó al líder de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Morsi. El presidente islamista dedicó su año escaso de mandato a hacer lo imposible por blindar sus decisiones ante la Justicia, coquetear con los militares y promulgar una Constitución que fue rechazada con manifestaciones en las calles. Además, reprimió las protestas de sus detractores usando los mismos órganos del Ministerio del Interior que su predecesor Mubarak usó contra él y los Hermanos Musulmanes a los que pertenece. Los mismos de los que su sucesor Al Sisi está dando tan buena cuenta. La alfombra roja para el coup d’etat estaba extendida.

Eid sonríe con cierto cansancio cuando se le pregunta por Morsi, pero sus ojos se afilan y cuando aparece el nombre de Al Sisi. Su opinión sobre el nuevo líder de Egipto se resume en una palabra: “Dictador”.

El general Al Sisi prometió que no buscaba el poder, que no se presentaría a las elecciones. Ahora se sienta en el trono del Palacio de Heliópolis en el que le precedieron otros militares: Mubarak, Sadat, Nasser… Su rostro empapela las calles y sonríe desde marcos vistosos en las paredes de las tiendas, donde aún se percibe la sombra que dejaron los retratos del viejo rais Hosni Mubarak. Los egipcios tienen experiencia en guardar las apariencias.

Cada vez que se mencionan secuestros o torturas, se asume que el Amm el Watany, la Seguridad Nacional, está detrás de ellos. En frente, cientos de Gamal Eid —que ha representado a decenas de acusados bajo custodia de ese órgano y el que le precedió— siguen manteniendo el pulso y se convierten así en objetivo. Entre los últimos detenidos está Ahmed Abdullah, el asesor legal de la familia de Giulio Regeni, un joven estudiante de doctorado italiano que apareció muerto y con signos de tortura el pasado febrero en El Cairo. El italiano investigaba sobre movimiento laborales y uniones sindicales. No es fácil amedrentar al abogado: “No me gusta la cárcel, pero no me da miedo”.

¿Hasta cuándo durará esta lucha? “Están cansados —admite Eid—, todos lo estamos: nosotros, el régimen…”. Pero los egipcios más que nadie: “Muchos ya no se creen la propaganda del régimen ni sus mentiras sobre los activistas”. Un ejemplo: hace unos días, un vendedor de té ambulante se negó a servir gratis a los policías que a diario consumían sin pagarle. Acabó muerto de un disparo y los vecinos se echaron a la calle gritando “Abajo el Ministerio del Interior”. Si el Ejecutivo consigue acallar todas las voces críticas, ¿cómo se canalizará el descontento? El régimen piensa que tendrá la situación controlada, pero Eid alerta de que “sin el rol mediador de las instituciones cívicas independientes, las tensiones pueden escalar fácilmente en un conflicto global”.

Sin libertad de expresión

Organizaciones como la ANHRI ejercen de mediadoras entre la sociedad civil y el Estado cuando todo se desmorona. El propio Eid tomó parte en las conversaciones que siguieron a la revolución y ayudó a poner sobre la mesa las demandas que fueron incluidas en las negociaciones. También fue invitado al Palacio Presidencial tras el golpe de Estado, cuando Al Sisi presentó su hoja de ruta para el país.

“Aquel día me di cuenta de que estábamos ante otra dictadura militar y de que lo que había de venir era mucho peor que lo que habíamos visto hasta entonces”, recuerda el letrado. “Días después, cientos de personas fueron asesinadas en Rabaa [el Adawiya]”.

La matanza de Rabaa, la sentada en la que durante más de un mes los defensores del presidente Morsi pidieron su libertad y denunciaron el golpe, fue el primer y más claro ejemplo de la determinación de Al Sisi de emplear mano dura con la disidencia. Y de ocultar sus crímenes a la luz pública.

Ningún régimen anterior ha tenido un enfrentamiento más enconado con los informadores, ni ha usado con tal agresividad el engranaje propagandístico que proporcionan los medios de comunicación oficiales. La solución, según Eid, es usar “medios alternativos: internet y las redes sociales”. Algo en lo que él se ha especializado en los últimos años y que resulta mucho más útil cuando el Gobierno prohíbe informar sobre algo, como ha ocurrido con los detalles del caso en el que se le investiga, y sobre el que se ha impuesto un apagón informativo, según publica el diario estatal egipcio Al-Ahram Online. “Ocho periodistas fueron asesinados durante el desmantelamiento de Rabaa, otro fue asesinado en la primavera de 2014. Este régimen odia la libertad de expresión, por eso excluye, asesina o encarcela a los periodistas que no siguen sus dictados, mientras que se acerca a los hipócritas. Como [el ministro de Propaganda de Hitler] Goebbels”, afirma Eid.

Desde que fundó su ONG, Eid defiende la libertad de expresión en Egipto y en el mundo árabe, y especialmente la libertad de prensa como puerta de acceso a los demás derechos humanos. El abogado se ha caracterizado por defender a aquellos que acaban entre rejas, como el fotoperiodista Mahmoud Abu Zied, Shawkan, cuyo caso se lleva desde la ANHRI. El joven fue detenido en agosto de 2013 durante el desmantelamiento de Rabaa y lleva desde entonces en prisión acusado de terrorismo. Casi mil días.

Eid afirma haber sido torturado en una de las cuatro ocasiones en que le encarcelaron.  Ahora se enfrenta a una condena de cadena perpetua si el proceso contra él sigue adelante, pero asegura estar tranquilo. “No me da miedo. Merece la pena seguir luchando, la democracia hay que construirla, no es algo que nos venga dado”, subraya el abogado, que considera que la persecución a la que se ven sometidos, en el fondo, juega a su favor. “Ese es solo uno más de los errores que el régimen va cometiendo”, asegura con cierta socarronería. Y advierte: “La ausencia de Justicia, la ausencia de libertad de expresión y la presión sobre los jóvenes es lo que podría hacer saltar todo por los aires”.