A un lado de la valla fronteriza, tiendas de campaña donde se refugian del frío cientos de hombres, mujeres y niños. Al otro, una zona militarizada en la que se despliegan soldados y furgones policiales, y a la que periodistas y organizaciones humanitarias tienen prohibido el acceso. Las imágenes de personas llegadas de países como Irak, Siria, Yemen o Afganistán y varadas en la frontera de Bielorrusia con Polonia —a las puertas de la Unión Europea— han llegado estas dos últimas semanas a las portadas de los medios y agitado el escenario político europeo.

Bielorrusia, aliada de Rusia, se ha convertido en el centro de una nueva ruta para muchas personas que buscan llegar a Europa por Polonia, Lituania o Letonia y dejar atrás los conflictos, la persecución o la falta de oportunidades en sus países de origen. Se trata de una ruta abierta y alentada, según la UE, por las propias autoridades de Minsk. 

¿Qué papel tiene el régimen bielorruso, bajo el que pesan desde hace meses sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos por fraude electoral y represión, en este movimiento de personas? A través de nuestras tradicionales 5W, repasamos la situación y algunos de los factores que se esconden detrás de la emergencia humanitaria en la frontera bielorrusa.

WHAT: La frontera

Desde primavera, miles de personas han llegado a las fronteras de Bielorrusia con Polonia, Letonia y Lituania, alentados por las facilidades del régimen bielorruso para la obtención de visado y el tránsito hacia los países vecinos de la Unión Europea. Ya en junio, estos tres países —que comparten unos 1.250 kilómetros de frontera con la exrepública soviética— hablaban de un aumento de las entradas irregulares en sus territorios vía Bielorrusia. En Lituania, por ejemplo, se registraron más de 4.000 llegadas irregulares entre enero y agosto a través de sus más de 600 kilómetros de frontera con Bielorrusia, frente a las cerca de 70 registradas el año anterior. Los tres países aseguraron que el régimen bielorruso de Aleksandr Lukashenko estaba utilizando a estas personas migrantes para presionar a la Unión Europea a fin de que levante las sanciones que le impuso a causa de las elecciones del año pasado, consideradas fraudulentas por la UE, y de la brutal represión contra los opositores al régimen.

El 9 de agosto, coincidiendo con el aniversario de esas elecciones, el líder bielorruso celebró una maratoniana conferencia de prensa de ocho horas en la que negó estar “chantajeando” a Europa a través de la migración irregular: “Pero nos habéis puesto en circunstancias que nos obligan a reaccionar. Y estamos reaccionando”, dijo. 

Buena parte de las personas bloqueadas en la frontera proceden del Kurdistán iraquí; también hay personas de Yemen, que sufre una de las mayores crisis humanitarias del planeta a causa de años de guerra, de Siria o de Afganistán, donde a raíz de la toma de poder de los talibanes en agosto han huido miles de personas. 

A principios de septiembre, Polonia declaró el estado de emergencia en la zona fronteriza, lo que afecta a casi 200 municipios. También mantiene desplegados cerca de 15.000 militares, al tiempo que ha decretado una zona de exclusión alrededor de la frontera que impide el acceso a periodistas y trabajadores humanitarios. Como consecuencia, muchas de las imágenes que llegan de lo que ocurre están producidas y distribuidas por las propias autoridades polacas o bielorrusas —con la inevitable carga política que esto conlleva. El lado bielorruso ha permitido el acceso a algunos medios, entre ellos un equipo de televisión de la BBC que en sus imágenes muestra a cientos de hombres, mujeres y niños en refugios muy básicos, construidos con plásticos y ramas, a muy pocos metros de la alambrada fronteriza que los separa de la UE y reunidos en torno a hogueras para combatir las temperaturas gélidas.

Esta semana, Polonia utilizó cañones de agua y gases lacrimógenos para rechazar a cientos de personas que, tras pasar semanas varadas y cada vez más frustradas, intentaron cruzar la valla. Hubo enfrentamientos con las fuerzas polacas de seguridad que les cerraron el paso. Ese mismo día, las  autoridades bielorrusas trasladaron por primera vez a grupos de migrantes que hasta ahora estaban a la intemperie a un campamento acondicionado en un almacén.

WHEN: las elecciones de la discordia

Aunque la atención mediática ha aumentado en las dos últimas semanas, la situación actual llevaba meses gestándose. La tensión entre Bielorrusia y la Unión Europea, con Polonia y Lituania a la cabeza, se disparó tras las elecciones del 9 de agosto de 2020, en las que Lukashenko declaró su victoria frente a la líder opositora Svetlana Tijanóvskaya con un 80 por ciento de los votos, según los datos oficiales. Tras aquellos resultados, envueltos en acusaciones de fraude, estallaron protestas masivas en todo el país. La UE declaró que los comicios no habían sido ni libres ni limpios y rechazó los resultados, igual que otros países como Estados Unidos. Rusia, firme aliado de Lukashenko, y China se apresuraron por su parte a reconocer la victoria del líder bielorruso. En octubre de ese año, Bruselas impuso una primera ronda de sanciones por fraude electoral y también por la brutal represión ejercida por el régimen contra los opositores, y desde entonces ha ido imponiendo de manera progresiva nuevas medidas restrictivas contra el régimen. 

Desde las elecciones de agosto, la oscura represión llevada a cabo por Lukashenko se ha traducido en prácticamente toda la oposición encarcelada o en el exilio —con Lituania y Polonia como principales refugios de los opositores huidos, entre ellos la propia Tijanóvskaya—, decenas de miles de personas detenidas o víctimas de abusos policiales y la clausura de medios de comunicación independientes y oenegés. 

En algunos casos, la represión ha llegado a traspasar fronteras. En mayo, el régimen bielorruso obligó a un avión de la compañía Ryanair que viajaba entre Atenas y Lituania a aterrizar en Minsk para detener al periodista opositor Román Protásevich. Aquella noticia dio la vuelta al mundo y llevó a la UE a decretar una nueva ronda de sanciones por ese suceso y la represión continuada. El país volvió de nuevo a las portadas en agosto a raíz de los Juegos Olímpicos de Tokio, cuando una atleta bielorrusa que había sido apartada tras criticar al Comité Olímpico de Bielorrusia denunció amenazas e intentos de repatriación forzosa y pidió el asilo en Polonia. 

WHERE: entre Rusia y la UE

Bielorrusia, encajada entre Rusia y la UE, no había formado parte, hasta ahora, de las rutas migratorias más utilizadas por las personas que buscaban llegar a la Unión Europea. Las entradas irregulares por su frontera con Polonia, Letonia o Lituania eran mínimas en relación a otras rutas más utilizadas y también más peligrosas, como las que atraviesan el Mediterráneo. Sin embargo, las facilidades para obtener visados y transporte seguro hasta Minsk y la frontera la colocó en la mira de quienes buscan un futuro mejor en la UE. 

El corto documental “Visa to Nowhere” (“Visado a ninguna parte”), del colectivo polaco de periodistas Outriders, recoge una investigación realizada por diez periodistas que, durante nueve días, recogieron testimonios de la ruta migratoria a través de siete países: Líbano, Polonia, Lituania, Alemania, Emiratos Árabes Unidos y Turquía, además de la propia Bielorrusia. Su trabajo muestra la existencia de agencias que ofrecen “turismo migratorio”: por precios que pueden llegar a varios miles de dólares, venden desde el visado hasta el pasaporte, la carta de invitación, el billete de avión, el hotel en Minsk y el traslado a la frontera polaca o lituana. Para muchas de las personas migrantes las cifras son inalcanzables por sí mismas, por lo que deben recurrir a la ayuda de familiares u otras personas de su entorno para lograrlas.

En la última semana, la Comisión Europea ha obtenido el compromiso de distintas aerolíneas de Oriente Medio para frenar este flujo de llegadas a Minsk. Turquía ha prohibido a ciudadanos de Siria, Yemen e Irak volar a la capital bielorrusa, mientras que Belavia, la aerolínea de ese país, ha indicado que tampoco trasladará a esas nacionalidades a Bielorrusia. La UE, por su parte, ha advertido de que Bruselas podría incluir a aerolíneas y agencias de viajes en un eventual nuevo paquete de sanciones contra Bielorrusia. 

WHO: Lukashenko

Carmen Claudín, investigadora sénior de CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs) especializada en política rusa y espacio postsoviético, considera que estamos ante “una emergencia humanitaria durísima que es el resultado de una operación política urdida por un Estado que busca desestabilizar la Unión Europea a través de un Estado miembro”. Al mando de tal Estado está Alexander Lukashenko, el presidente bielorruso, definido a menudo desde Occidente como el último dictador de Europa.

Lukashenko, de 66 años, es el líder europeo que más tiempo lleva en el poder: veintisiete años. Comenzó su sexto mandato consecutivo en agosto de 2020 tras obtener un muy cuestionado 80,2% de los votos, que fue contestado por miles de personas en las calles durante meses. El mandatario llegó al poder en 1994, cuando ganó las primeras elecciones democráticas en el país después de la desintegración de la URSS en 1991. Basó su primera campaña electoral en la lucha contra la corrupción y desde entonces ha aplicado algunas medidas económicas de los antiguos sistemas soviéticos, como el control estatal de parte de la economía. Sin embargo, como explicaba el periodista Ricardo Marquina en estas claves sobre las protestas postelectorales, “el lado oscuro de Lukashenko siempre ha sido su modo autoritario de entender la política. En su empeño por ahogar las voces disidentes, ha encarcelado a todos aquellos que le han hecho oposición política, y ha despreciado a los manifestantes que ahora han salido a plantarle cara, llamándolos ratas, alcohólicos, drogadictos o desempleados sin ganas de trabajar”. El propio presidente aseguró a la televisión bielorrusa en 2003: “Mi puesto y el Estado nunca me permitirán llegar a ser un dictador… pero gobernar con estilo autoritario es una de mis características y siempre lo he admitido”. Su prolongada permanencia en el poder se explica, en parte, por su estratégico y delicado equilibrio entre la Unión Europea y Rusia. Vladimir Putin ha asegurado, al menos en público, que su país no tiene ninguna relación con lo que está ocurriendo en la frontera polaca, pero ha ofrecido su ayuda para encontrar soluciones al tiempo que culpaba a Occidente de la situación. Lukashenko suele contar con el apoyo de su homólogo ruso, su más estrecho aliado, pero no es una carta blanca: la última desavenencia se produjo este mismo lunes en respuesta a la amenaza de cierre del gasoducto que transporta gas natural ruso a Europa. El propio Putin dijo a la televisión estatal rusa que su clausura “supondría un gran daño al sector energético de Europa y no ayudaría al desarrollo de nuestras relaciones con Bielorrusia”. Esto quita fuerza, en la práctica, a la amenaza de Lukashenko, cuyo país depende para su supervivencia de los hidrocarburos rusos, subvencionados por Moscú.

WHY

¿Por qué ha alentado Bielorrusia esta emergencia humanitaria a las puertas de la Unión Europea? 

La explicación más evidente es una represalia por las sanciones impuestas por Bruselas al régimen de Lukashenko. Las personas migrantes son, una vez más, utilizadas como arma política en las fronteras exteriores de la UE. Tal y como apunta Blanca Garcés, investigadora sénior del área de Migraciones en CIDOB, es algo que empieza a ser habitual. En febrero de 2020, el Gobierno turco mandaba más de 13.000 personas a la frontera con Grecia. En mayo de 2020, Marruecos dejaba entrar irregularmente en Ceuta más de 10.000 personas en dos días. Ahora llega el turno de Bielorrusia, con la particularidad de que es un país que tiene a Rusia como estrecho aliado y actúa en un escenario en el que se unen elementos muy distintos. En el plano económico, el “chantaje” migratorio puede dar a Minsk una herramienta para negociar el eventual levantamiento de sanciones, aunque el amparo económico de Moscú —con quien en los últimos meses ha dado pasos hacia un espacio económico común— hace que este no sea un factor crítico. 

Al generar esta situación, Bielorrusa pone en evidencia que los valores fundamentales de la Unión Europea quedan en entredicho cuando se refieren a la actuación en fronteras, donde prácticas como las devoluciones en caliente, que violan el derecho internacional, se han convertido en habituales. Y además pone en un brete a Polonia y Lituania, vecinos molestos que dan cobijo a opositores al régimen. 

El Gobierno ultraconservador de Polonia, por su parte, afronta esta situación en un momento de especial tensión en sus relaciones con Bruselas: en octubre, el Tribunal Constitucional polaco cuestionó los tratados de la UE y declaró que ciertas partes son incompatibles con la Constitución nacional. A finales de ese mismo mes, el Tribunal de Justicia de la UE multó a Varsovia con un millón de euros al día por vulnerar la independencia judicial. Y, recientemente, Polonia, junto con Hungría, bloqueó la ampliación del presupuesto europeo para aplicar los fondos europeos de recuperación pospandemia, por estar vinculados al Estado de derecho. En este contexto, el Gobierno polaco no ha dudado en calificar de “crisis migratoria” lo que ocurre en su frontera, pese a que las cifras están muy lejos de tener esa dimensión, y busca apoyo de la OTAN para hacerle frente. Esta “crisis” opaca, por ahora, otros conflictos con sus socios europeos.   

Bielorrusia es un país que no acostumbra a tener demasiada cobertura mediática en Europa. Ahora ha conseguido estar en el centro de las miradas y de las críticas. Lo mismo pasó con Marruecos y Turquía. Son países que han usado a las personas migrantes como arma política y que han protagonizado groseras violaciones de los derechos humanos. Pero si estos países pueden chantajear a la UE es porque esta es prisionera de sus políticas de externalización de fronteras. La UE es prisionera de sí misma, y cada vez más países aprovecharán esta circunstancia.