Tres semanas antes de morir, Omar Diallo está temblando. En ese momento se acumula toda la tensión de los cinco meses anteriores. Cinco meses en los que lo trasladaron de centro hasta en cuatro ocasiones: Omar estuvo en dos instalaciones de Barcelona, un hotel en Calella y otro en Lloret de Mar, y una casa en las afueras de Igualada. Cinco meses de obsesión por los papeles. Cinco meses en los que escuchó música con sus inseparables auriculares, en los que dibujó en su libreta, en los que a veces salía a caminar al alba. Cinco meses de gimnasio o actividades con sus compañeros en los mejores días; de soledad y aislamiento en los peores. Cinco meses durante los cuales bebió y, en algún momento, perdió el control. 

Omar esperaba unas pruebas óseas para que las autoridades determinaran si era mayor de edad. De ellas dependía su futuro. 

Llegan los resultados. El equipo técnico del centro ya conoce el decreto procedente de la Fiscalía provincial de Menores, que se emitió el 14 de octubre.

Omar les pide que se lo digan ya. Menor o mayor, menor o mayor. 

Omar está temblando.

—Mayor de edad. 

—Ah, vale. Bueno. Está bien. Sí, está bien. 

Parece que Omar no puede pronunciar otras palabras: “vale”, “sí”, “bueno”, “está bien”. Parece que se lo ha tomado bien. Da las gracias a todos. Y los abraza. Cinco días después, Omar sale del centro. No se queda en la calle. Lo acoge una familia de una asociación de Guinea en la comarca de Anoia, cuya capital es Igualada. 

Está oficialmente en situación irregular.

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Los detalles sobre el periplo de Omar que se hallan en este reportaje se basan en el testimonio de cuatro personas que conocían al joven y que trabajan o trabajaban para Eduvic, la entidad privada que gestiona el centro y que tiene otros siete en todo el territorio. Todas ellas han pedido el anonimato. 

Omar Diallo, originario de Guinea, era huérfano: su madre había muerto y su padre había desaparecido. Cruzó a Europa desde Marruecos. Hay confusión y lagunas sobre su proceso migratorio, como es habitual en estos casos. Las migraciones en todo el mundo son territorio de recuerdos extraviados, de momentos traumáticos que se borran, de datos que se inventan o se modifican para sobrevivir, de rumores de quienes te rodean.  

Una de las fuentes asegura que Omar pasó por Marsella (Francia). Acudió a la Policía para denunciar que había perdido el pasaporte. En comisaría le emitieron un documento en el que constaba su denuncia. Con ese papel llegó a Cataluña y entró en el primer centro para menores el 2 de mayo. A la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) del Gobierno catalán, que lo tutelaba, no le consta su paso por Francia y dice que el ingreso fue el 19 de mayo. 

Omar fue acogido en un “centro de emergencia”: uno de los que la Generalitat de Cataluña puso en marcha en 2018 ante la llegada de más niños solos y migrados que en años anteriores y ante la constatación de que algunos dormían en comisarías y en la calle. Estaba situado en la capital catalana y tenía sesenta plazas. Al entrar, los chicos acostumbran a disponer de un espacio individual donde guardan algunos objetos. En aquel centro eran unas estanterías. El anaquel de Omar era el número 51. “Omar Diallo”, rezaba la etiqueta pegada al estante. En lugar de un punto, la i de su apellido tenía un círculo. 

Los llamados centros de emergencia estaban pensados para que los chicos se quedaran un mes. Omar estuvo en el centro de emergencia —que se fue trasladando de un lugar a otro— durante cinco meses. No tenía papeles más allá del documento policial francés —tampoco había dado un contacto familiar al que las autoridades pudieran pedir información— y esperaba la prueba de edad. Tanto desde la DGAIA como desde Eduvic aseguran que estos centros de emergencia se han ido readaptando y se han hecho más pequeños para poder dar una mejor atención a los chicos: el último en el que estuvo Omar tenía 30 plazas, la mitad que el primero, aunque hay otros con mucha mayor ocupación.

Cuando un joven no presenta documentación para determinar su edad, se le practican unas pruebas óseas. Si estas indican que es mayor de edad, queda fuera del sistema de protección y es expulsado del centro. 

Pero a Omar tampoco le habría valido tener un pasaporte que certificara que era menor. 

“Las pruebas no se hacen de manera sistemática a todos los menores”, dice el fiscal portavoz de la Fiscalía provincial de Barcelona, José Miguel Company. “Si los menores tienen documentación, nosotros en principio le damos validez al pasaporte. En la práctica, con Argelia y con Marruecos hay convenio. Además, la mayoría de los menores no acompañados de Marruecos viene ya con el pasaporte. Otra cuestión es la de los subsaharianos. No hay convenio con estos países, por lo que no hay nada que nos obligue a darle veracidad al pasaporte. La gran mayoría vienen indocumentados, y en los pocos que vienen documentados físicamente hay una gran desproporción entre el niño [que aparece en la fotografía] del pasaporte y la persona que tienes delante, y por tanto no hay más remedio que hacer la prueba”. 

Company asegura que las pruebas proporcionan una franja de edad y que la Fiscalía siempre se queda con la más baja. “Sobre si hay otras pruebas o no, no nos corresponde a nosotros [discutirlo], sino a la ciencia, a los forenses. Si algún día nos plantean otra prueba, nosotros la aceptaremos, como aceptamos esta en su día”.

“Hay muchos chicos que llegan a nuestro sistema que dicen que son menores”, desliza la directora de la DGAIA, Ester Cabanes. “Entonces entran a un centro de emergencia y al sistema de protección”. 

Las controvertidas pruebas son una radiología de muñeca y una ortopantomografía (radiografía panorámica de la boca) pensada por y para occidentales. Para Unicef, estas pruebas “tienen un amplio margen de error” y no se están buscando alternativas “desde un enfoque interdisciplinario”. La agencia de la ONU para la Infancia critica además que los resultados se demoren en algunas ocasiones y que de la prueba dependa no solo la consideración de ser mayor o menor de edad, “sino el acceso a determinados derechos (por ejemplo, el acceso a estudios secundarios)”. 

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Omar vivía entre chavales a menudo agitados. Era alto y retraído: parecía siempre encogido sobre sí mismo. Preguntaba a menudo sobre sus papeles. Era su obsesión. No se comunicaba demasiado, pero a veces lloraba y se abrazaba a los trabajadores suplicando ayuda con su documentación, consciente de que su situación era difícil. 

Los papeles, los papeles. 

Eso le hizo perder el control en más de una ocasión. De normal tranquilo, amenazó más de una vez con agredir a personal de los centros, algo que nunca llevó a cabo. Estas reacciones eran, según las fuentes, repentinas y sin motivo aparente. Siempre que tenía mal comportamiento, pedía perdón enseguida. Cuando le preguntaban cómo estaba, qué le pasaba, por qué había reaccionado así, Omar repetía que nada, que todo estaba bien. Pero decía que pensaba mucho. Que le daba vueltas y más vueltas a la cabeza. 

Siempre iba con unos cascos, pero escuchaba perfectamente lo que le decían. En el último centro, situado en las afueras de Igualada, se levantaba a las seis de la mañana para ir a caminar solo. Los trabajadores sospechaban que empezó a beber. Creció la preocupación sobre su caso. 

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Antes de marcharse del centro, Omar estaba sentado en su cama, mirando al suelo fijamente. Y temblando. Lo llamaron dos veces. 

—Omar.

Nada.

—Ey, Omar. 

Hasta que reaccionó. 

Omar salió del centro de emergencia unos días después de recibir las pruebas de edad. Personas en una situación similar a la suya se pueden quedar en la calle y desprotegidos, tal y como reconoce el fiscal portavoz: “Si es mayor de edad, no hay ninguna vía. Queda como un inmigrante irregular más. Si la subdelegación del Gobierno lo considera oportuno abre expediente de expulsión [del país] o no. Nosotros ya no hacemos nada más”. 

A Omar lo acogió una familia de una asociación de su país, Guinea, según la DGAIA y Eduvic. 

Marta Montoya, coordinadora de centros para niños solos y migrados de Eduvic, dice que Omar “lo aceptó porque era una buena opción para él”, e incluso asegura que se hizo seguimiento de su caso y que “estaba muy contento aquellos días” con su nueva familia, una opinión con la que concurre una de las fuentes que lo conoció. 

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“Los hechos ocurrieron el 6 de noviembre alrededor de las 13.53. El joven se precipitó del puente grande de Santa Margarida de Montbui, carretera de Valls (conecta Igualada con Santa Margarida de Montbui). Tenía 18 años y era de la República de Guinea”, dice una fuente de los Mossos d’Esquadra.

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Omar había manifestado en varias ocasiones que oía voces. Dejó atrás, en el centro, seis dibujos. “Son caóticos”, interpreta una de las fuentes. Están íntegramente delineados en verde. Aparecen casas, plantas, coches y helicópteros, pero también martillos, una hoz, tijeras y un animal parecido a un cocodrilo con los dientes afilados. “ESPANYA: POSITIVO → TODO BIEN”, se lee en uno de los dibujos. “IBLIS (el diablo en la tradición islámica) = BEBER”. También hay unas botellas. 

“El error es no hacerle una prórroga de unos meses”, opina una de las fuentes. “Hay muchos chicos que padecen trastornos psicológicos y deberían ser derivados al Centro de Salud Mental Infantojuvenil de Cataluña (CSMIJ)”. 

Eduvic y la DGAIA insisten en que la salida de Omar del centro cumplió con todo el procedimiento habitual y rechazan cualquier tipo de responsabilidad. 

“No sufría ningún trastorno mental”, dice una portavoz de Eduvic. “Se hace la lectura de que la DGAIA y nosotros le habíamos dado de lado como educadores del centro. No es verdad”. 

La coordinadora Montoya, también de Eduvic, va más allá y sugiere que se podrían hallar algunas respuestas en “estudios” sobre el índice de suicidios entre adolescentes, ya que en general es “bastante elevado”. 

En una línea similar, la directora de la DGAIA asegura que “su situación psicológica era la de un chaval que había sufrido, pero como muchos más”. E insiste en que Omar contó con apoyo de la administración.

“Cuando una persona tiene la certidumbre de suicidarse, seguramente nadie se va a dar cuenta”, sostiene Cabanes. 

La muerte de Omar, al margen de si era o no mayor de edad y de sus circunstancias personales, deja muchos interrogantes abiertos. Interpela a quienes estaban cerca de él, a quienes lo tutelaban. Interpela a la administración en todos sus niveles y a la sociedad en su conjunto. 

“Hay psiquiatras que dicen que detrás del suicidio hay un trastorno mental. Yo no lo veo así. Creo que es muy humano no querer seguir viviendo de cierta manera”, dice Francisco Collazos, coordinador del programa de psiquiatría transcultural en el hospital Vall d’Hebron. “Parece que a todos nos ha removido, como si todos pensáramos que Omar ha sido víctima de un sistema que no supo responder y quizá esa era su intención. No me atrevo [a decirlo]. Sí que diría que hay un mensaje de desesperación, un último grito”. En todo caso, Collazos matiza: “No estamos suficientemente adecuados para valorar psicopatológicamente a estos chavales y distinguir el que pueda tener una depresión del que a lo mejor pueda tener un déficit de atención o un coeficiente intelectual límite. En Occidente psicologizamos y expresamos las emociones de una manera muy distinta”. 

El sentimiento general entre las cuatro fuentes que conocían a Omar es que se podría haber hecho más por él, aunque una de ellas matiza que los educadores hicieron todo lo posible. Apuntan a diversos problemas, a múltiples direcciones, pero todo desemboca en lo mismo: un sistema con grietas y un marco legal que no permiten un trato humano con los jóvenes —o con la personas migradas en general— y que deja desnudas e impotentes a las personas que trabajan en algunos de estos centros con salarios bajos y un intolerable nivel de estrés.

Por el comportamiento general de Omar y sus reacciones puntuales, una de las fuentes insiste en que, más allá de todos sus problemas, la incertidumbre sobre su situación administrativa lo estaba devorando. 

“Si hubiera vivido en un palacio pero sin documentación, también lo habría pasado mal”. 

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Es domingo 10 de noviembre, día de elecciones en España, en cuya campaña se ha usado a los niños solos y migrados como arma electoral. Excompañeros de Omar están aquí para darle el último adiós. Se hallan en el conjunto medieval del castillo de Montbui, cerca de Igualada. Llegan furgonetas. Está la familia de acogida de Omar. Un imán. Todos recorren un camino que les lleva a un recodo.

—Gracias por venir —nos dice uno de los chicos, sentado en una barandilla.

Entre los cipreses y los pinos, desde la atalaya, solo se oye silencio. Han pasado cinco días desde la muerte de Omar y se ha organizado esta ceremonia en su memoria. A los chicos del centro les gustaba pasear por aquí. 

Alejada del recodo, a los pies de la iglesia románica, una niña se mece en un columpio ante la atenta mirada de sus padres, que la jalean. 

El cadáver de Omar no será repatriado a Guinea, porque no tiene familia. 

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¿Cuántos chicos hay como Omar? 

En otro de los centros gestionados por la cooperativa Eduvic, dos de las fuentes aseguran que un chico intentó suicidarse tirándose desde un balcón. Los gestos y los silencios de las personas consultadas para este reportaje apuntan a que lo explicado es solo la punta del iceberg. La frustración es inmensa. No es fácil atender a niños con un proceso migratorio complejo y que cuando llegan a España se enfrentan a la indiferencia y al racismo. Muchos han perdido el hábito de la higiene, porque estaban en la calle. Han tenido que aprender a defenderse de todo lo que les rodea. Algunos dicen que no quieren ir en transporte público, porque notan que la gente agarra sus pertenencias o los mira con aprensión. La casuística es amplia: muchos tienen a sus familias en sus lugares de origen, pero aunque quieran volver no se atreven a hacerlo por miedo a decepcionarlas, y les dicen que todo va bien. Otros, como Omar, son huérfanos. 

¿En qué condiciones estaban los centros por los que pasó Omar? Dos de las fuentes aseguran que algunos de los chicos en centros de Eduvic salen más demacrados que cuando llegan —y eso teniendo en cuenta que el ingreso tiene lugar tras una dura ruta migratoria. Se dan cuenta de ello al comparar la fotografía que les hicieron al llegar con su rostro a la salida. “Hubo varias intoxicaciones alimentarias de chicos y de trabajadores en Calella. Allí también se les cayó el techo encima, que era de pladur”, dice una de las fuentes. 

Las expectativas de estos chicos al llegar a España son muy altas, y la decepción posterior es difícil de sobrellevar.

Aunque también hay centros públicos, la DGAIA subcontrata a varias entidades privadas para que gestionen la mayoría. La externalización del sistema de protección de menores no es rara en la administración. Tampoco en materia migratoria: el Ministerio español de Trabajo, Migraciones y Seguridad asigna plazas de acogida —solicitantes de asilo, personas migrantes en situación de vulnerabilidad— a organizaciones humanitarias. 

Actualmente hay 4.267 niños solos y migrados acogidos en centros en Cataluña: el 96,1 por ciento son varones. Un 78,5 por ciento son de Marruecos, un 14,7 por ciento de África subsahariana y el resto de otro origen. Este año el ritmo de acogidos por la DGAIA ha bajado: son 1.939 frente a los 3.700 de todo 2018, año en que se recurrió a los llamados centros de emergencia. 

Las fuentes consultadas para este reportaje dicen ser conscientes de que hay centros para menores que funcionan bien en Cataluña, pero son críticas con lo que han visto en los suyos. 

En el primer centro de Barcelona donde ingresó Omar, había ocho educadores para sesenta chicos. En el último, en Igualada, tres educadores y un coordinador para treinta chicos, según aseguran. “El esquema tradicional del profesional y el usuario los deshumaniza”, opina una de las fuentes. “Para el sistema son un número”, coinciden por separado dos de las fuentes. ¿Qué es preferible para las entidades: obtener más plazas o dar una mejor atención? “Los chicos son tratados como mercancía. Trabajas con ellos”, dice una de ellas. 

Tanto la DGAIA como Eduvic aseguran que se cumple con la ratio de educadores sociales y trabajadores sociales por joven. “El Gobierno de la Generalitat nos ha dado todos los recursos que hemos necesitado. No es cuestión de recursos”, asegura la directora de la DGAIA, que reitera que los centros con más plazas se han ido reduciendo con el tiempo.  

Ahí precisamente radica una de las fallas del sistema, en opinión de Blanca Garcés, investigadora del Barcelona Centre for International Affairs (Cidob). “El problema son los macrocentros, que muchas veces están sobreocupados, así como los centros de emergencia, donde se supone que los chicos van a estar unos días y se quedan durante meses. No estamos dando la acogida que tendríamos que dar a esos menores. Estos chicos cumplen con todas los factores de riesgo. La acogida los debería reducir, pero hace lo contrario: los vulnerabiliza aún más”.

Una extrabajadora de Eduvic —no relacionada con las fuentes mencionadas anteriormente— que ha hecho suplencias en sus centros dice que solo volvería si fueran de un máximo de diez plazas. “Más de diez, no. Vienen de situaciones tensas, duras. Si son menos personas, podemos estar más atentos”. También critica que en los centros se use un “sistema de puntos” de premio y castigo: si el niño o la niña no se ha portado bien o por ejemplo ha llegado tarde, se le quita dinero de su paga. 

El psiquiatra Collazos asegura que “la mayoría de ellos, cuando les preguntas por una persona de confianza, citan a sus educadores, pero en general lo que dicen de los centros es negativo. Se sienten una carga y que los centros están saturados”.

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Los excompañeros de Omar tienen que enfrentarse ahora a un duelo que no saben cómo interpretar. 

“Los chicos tienen miedo. Se preguntan: ‘¿Qué pasará cuando me vaya a la calle? ¿Qué pasará cuando yo sea el siguiente?’”, dice una de las fuentes. 

El llamado sistema de protección de menores corre el riesgo de deshumanizar a quienes debe proteger. Niños que pasan de un centro a otro y que se preguntan si deben coger cariño a unos educadores que también cambian de lugar constantemente. Niños que juegan, que se agitan, que escuchan música, que se angustian, que protestan, que se interrogan sobre su futuro. 

Niños que forman parte de un engranaje.  

Unos días después de la muerte de Omar Diallo, algo enterrado en el pasado aparece en un centro para menores de Eduvic. Es una estantería de otro centro: aquí todo se reaprovecha. Es la estantería que estaba en el primer centro de Barcelona al que ingresó Omar. 

La estantería con el número 51.