Durante dos meses decenas de miles de personas han salido cada fin de semana a las calles de Minsk, Brest, Gomel, Grodno y otras ciudades bielorrusas para demostrar que no era posible que el presidente Alexander Lukashenko hubiese ganado las elecciones del 9 de agosto con más del 80% de los votos.

Durante una de estas manifestaciones la marea llegó a ser tal, que Lukashenko agarró un fusil automático en sus manos y sobrevoló la multitud en helicóptero, como si temiese acabar como Ceaușescu.

Pero pasó el primer arrebato opositor y Lukashenko encajó el golpe. Demostró que cuenta con un apoyo fuerte entre las fuerzas armadas y los cuerpos policiales, pero también entre una parte importante de la sociedad bielorrusa que ve con recelo las propuestas de cambio de la oposición, que tiene miedo de volver al caos de la década de 1990, con la Unión Soviética recién resquebrajada.

Tras las semanas de protestas se esconde una crisis estructural. Lukashenko, a quien la Administración Bush llamó “el último dictador de Europa”, no tiene intención de dialogar con una oposición fragmentada que ya ha comprendido que este va a ser un proceso largo, con poco o nada en común con Ucrania o Georgia. 

Una oposición vibrante pero desorientada

Una marea de gente con bandera blanquirroja, la que fuera oficial de 1991 a 1994, recorre las calles de Minsk cada fin de semana: una simbología nacionalista que pretende contraponerse a la bandera oficial bielorrusa, reinstaurada tras la llegada al poder de Lukashenko en 1994, que es la misma de la era soviética, verdirroja, pero sin la hoz y el martillo.

A diferencia de lo que pasó en Kiev en 2013, aquí no hay banderas de la Unión Europea, de la OTAN o de Estados Unidos, y entre las personas que conforman la marcha no hay una retórica de confrontación Rusia-Occidente como sí hubo en Ucrania.

Sveta y Liza, estudiantes en la veintena que se han unido a la marcha como cada fin de semana, insisten en que no están aquí para tomar partido en un supuesto enfrentamiento entre Occidente y Rusia, sino “para defender que la ley se cumpla, para que se pueda salir a la calle sin miedo”.

“El Kremlin ha de elegir: o apoya a un presidente ilegítimo o apoya al pueblo bielorruso”, dice Andrey, un joven informático con familia en Rusia que no desea que las relaciones con Moscú se deterioren. A su lado, su amigo Sergey apostilla: “Solo queremos dejar claro que no somos el pequeño porcentaje que dicen. Al contrario, somos la mayoría”.

Entre los manifestantes, la falta de un ideario político común es evidente. Hay nacionalistas en el sentido estricto, que desean una nación no dependiente de Moscú ni de Bruselas. Hay globalistas que desean un acercamiento sin disimulos a la Unión Europea. Incluso hay gente que piensa que, tras una hipotética salida de Lukashenko, el camino a seguir debería ser una integración con Rusia. Lo único que les une a todos es el deseo de que se repitan las elecciones y que cese la arbitrariedad policial.

La falta de un liderazgo claro en estas protestas no ayuda en la búsqueda de una unidad de acción política. Con todos los líderes principales encarcelados o en el exilio, los manifestantes han aprendido a organizarse en forma de red, sin un mando único.

La líder que reclama para sí la victoria electoral, Svetlana Tijanóvskaya, en el exilio, ha perdido cierta presencia entre los manifestantes, que parecen ahora más cercanos a María Kolésnikova, quien se negó a ser expulsada del país y fue por ello encarcelada.

La premio Nobel de Literatura Svetlana Aleksiévich, referente moral de las protestas, quizá la mejor narradora del alma y los dramas del mundo postsoviético, también ha perdido cierto atractivo para las masas. Enferma y poco amiga de la atención mediática, parece haber pasado a un segundo plano.

¿Qué empuja pues a tantas personas a movilizarse, algunas por primera vez en su vida? La experiencia con las autoridades de Mirón, un joven de 17 años, y de su padre Vladimir nos dan alguna pista. A Mirón lo arrestaron a punta de fusil automático durante las primeras jornadas de protestas, cuando volvía a casa solo y de noche sin haber participado en la manifestación. “De repente salieron de la nada dos furgonetas y nos arrestaron a todos los que andábamos por aquella calle. Nos golpearon durante todo el trayecto a la comisaría”. Su padre, que había acudido a buscar a su hijo, fue arrestado a las puertas de la comisaría y pasó dos noches desnudo contra la pared de un sótano. Ambos fueron liberados sin cargos, motivos o explicación.

El electrochoque que sufre la sociedad bielorrusa es evidente. Para Antonina, una mujer de mediana edad que dice haber participado desde el primer día en las protestas, el mero hecho de que la oposición no relaje el pulso al Gobierno tras dos meses es toda una victoria: “Hace un año no podíamos imaginar que tanta gente pudiese salir a la calle. Esto simplemente no puede ser ignorado por las autoridades”.

La Bielorrusia de Lukashenko

Lukashenko, de 66 años, es un político aparentemente poco sutil, pero con los años ha demostrado ser un estratega inteligente y se ha mantenido en el poder a través de un complicado equilibrio entre dos grandes fuerzas como la Unión Europea y Rusia.

El lado oscuro de Lukashenko siempre ha sido su modo autoritario de entender la política. En su empeño por ahogar las voces disidentes, ha encarcelado a todos aquellos que le han hecho oposición política, y ha despreciado a los manifestantes que ahora han salido a plantarle cara, llamándolos ratas, alcohólicos, drogadictos o desempleados sin ganas de trabajar.

Desde que llegó al poder en 1994, puso el foco de su acción política en frenar el avance hacia el capitalismo que se estaba dando en otros países de la antigua URSS, y consiguió mantener una estructura económica singular, una especie de capitalismo de Estado con un gran componente social, que es precisamente lo más valorado por sus simpatizantes. 

Cada vez que los opositores salen masivamente a la calle, los partidarios del presidente organizan manifestaciones paralelas, estas sí autorizadas y sin acoso policial, en lugares simbólicos de la ciudad, aunque no consiguen superar las pocas decenas de personas.

En la céntrica Plaza de la Victoria, junto a la “llama eterna” que simboliza el recuerdo a los soldados muertos en la Segunda Guerra Mundial, los partidarios del Gobierno portan cruces ortodoxas, banderas constitucionales, soviéticas y rusas, y rezan junto al fuego.

Mikhail, miembro del Partido Comunista Bielorruso, con un 10% de escaños en el Parlamento y firme defensor de Lukashenko, resume la posición de su formación: “Las manifestaciones buscan desestabilizar el país desde fuera”.

Muy cerca de la pequeña manifestación gubernamental, Yulia, madre de dos niños, vuelve a casa tras pasear por el Parque Gorky. Acaba de regresar de Europa, donde ha vivido las dos últimas décadas, dispuesta a que sus niños se críen en Bielorrusia: “Aquí la educación es más eficiente, de calidad, y esta es una sociedad segura”, dice. A su juicio, los manifestantes que piden la salida de Lukashenko son meros peones de las potencias extranjeras, son poco menos que traidores. “Cada vez que aparece esa bandera roja y blanca, hay problemas”, dice.

Yulia representa el sentimiento de una parte de la sociedad bielorrusa que, si bien no apoya ciegamente a Lukashenko, lo prefiere a la incertidumbre que representa la oposición. Prefieren mantener una dictadura a la que se han acostumbrado y que tiene unos niveles de calidad de vida similares a los países de su entorno.

La economía del país está tremendamente centralizada y planificada. El Estado controla más del 60% de la producción. Las grandes empresas estatales, como la planta de tractores Belarus o la de vehículos industriales BELAZ, dan empleo estable a miles de operarios altamente cualificados, para quienes un cambio de paradigma económico supondría una amenaza de ruina, como sucedió en el espacio postsoviético con las industrias estatales tras 1991.

BELAZ es una de las compañías líderes a nivel mundial en maquinaria pesada. Sus gigantescos camiones se mueven por minas a cielo abierto por todo el mundo, y su éxito económico contrasta con el abandono que en Rusia sufrió la industria pesada tras el colapso socialista.

“Tras el derrumbe de la Unión Soviética hicimos un gran esfuerzo en mantener los puestos de trabajo, sobre todo el personal altamente cualificado”, dice Kanstantsin Ryltsoy, director de márketing internacional del gigante BELAZ. “El Estado y la propia fábrica pusieron el foco en buscar nuevos mercados, ya que el mercado soviético, de facto, desapareció de la noche a la mañana”.

El desempleo en Bielorrusia no supera el 4% y, según el Banco Mundial, durante los 26 años que Lukashenko lleva en el poder el porcentaje de ciudadanos viviendo por debajo del umbral de la pobreza bajó del 42% al 5,6%, una de las tasas más bajas de Europa.

Esta no es pues una crisis de base económica, sino totalmente política, como confirma Lizaveta Meliak, de la Unión Sindical Independiente, cuyos afiliados fueron a la huelga tras el 9 de agosto en la ciudad de Grodno, en el oeste del país, no para pedir un cambio de modelo productivo sino “para pedir que cesara el uso de la violencia policial, una repetición electoral y la liberación de los arrestados durante las protestas”.

“Ahora mismo la economía no está en el centro de la protesta”, dice el economista Dzmitry Kruk, simpatizante de la oposición. “La única queja en el plano económico es un evidente estancamiento durante el último lustro. No hay expectativas de crecimiento o mejora”.

Pero para entender la auténtica base social que sirve de colchón a Lukashenko, hay que salir de las urbes e ir a la provincia, donde la vida de sus gentes depende ampliamente del sustento directo del Estado.

Sveta trabaja en una granja colectiva en el sur de Bielorrusia, en la región de Bragin, ordeñando vacas durante jornadas de doce horas. Madre soltera a cargo de cuatro niños, Sveta es el ejemplo perfecto de la base social del sistema bielorruso: trabajadora estatal sin ganas de aventuras políticas.

Su trabajo está garantizado de por vida, no ha de pagar vivienda porque se la cede la granja colectiva y la educación de sus hijos o la sanidad son, como en los tiempos soviéticos, un servicio gratuito del Estado. Pero su salario es mísero: 400 rublos bielorrusos, apenas 130 euros, que alcanzan solo para poner comida sobre la mesa. “Cuando pago la luz y el gas me quedo sin dinero. Si no fuese por el huerto no podríamos comer cada día”.

Pese a las estrecheces económicas, ni Sveta ni los habitantes de esta aldea han participado en acciones de protesta contra el Gobierno. 

“No me gustan las revoluciones” dice Sveta, con la esperanza de que la conversación sobre política se acabe pronto. Aquí no ha llegado el ansia de cambio que si se vive en la capital, y el nombre de Lukashenko todavía se pronuncia con la boca pequeña, al menos para criticarlo.

Escalada internacional —y regional

El factor internacional en Bielorrusia es importante, pero sobre todo lo es el factor ruso. Minsk depende totalmente de Moscú para su supervivencia económica. “Nuestro principal socio es y será Rusia”, dice Tengiz Dumbadze, diputado progubernamental. “Más del 60% de nuestro presupuesto depende de los acuerdos que tenemos con Moscú”.

Pero pese a la dependencia económica del Kremlin, Lukashenko ha sido desde el principio un aliado incómodo para Moscú, con quien ha tenido una relación tensa, muy especialmente por el choque de egos que se produjo tras la llegada al poder de Putin en 1999.

Desde el comienzo de su mandato, Putin presiona para materializar el llamado Estado de la Unión, que debería haber unido las estructuras estatales rusa y bielorrusa en una especie de confederación en igualdad de condiciones, pero que muchos en Minsk consideran que sería una absorción de facto que convertiría a Bielorrusia en una provincia más de Rusia.

Para el politólogo Petr Piatrouski, cercano a posiciones gubernamentales bielorrusas, la dependencia de Rusia es un arma de doble filo: “Hay una desigualdad comercial muy grande entre ambos países. ¿Qué quiere el Kremlin? ¿Obediencia ciega, convertir a Bielorrusia en una marioneta o un protectorado, en vez de una unión entre dos iguales?”. 

Pero para el Gobierno bielorruso el peligro viene del oeste: “Podemos asegurar que Bielorrusia está bajo un intento de ‘revolución de color’ organizada por potencias extranjeras, y coordinada por Lituania y Polonia”, sostiene Andrei Savinykh, del Comité de Relaciones Internacionales del Gobierno bielorruso. Para Savinykh, el hecho de que la UE no reconozca a Alexander Lukasehnko como presidente del país demuestra que tras las protestas habría una mano negra.

Precisamente en la frontera entre Bielorrusia, Polonia y Lituania está la pequeña ciudad de Grodno, testigo de la historia convulsa del centro de Europa y que fue parte en su día del Gran Ducado de Lituania y de la República de Polonia. En esta ciudad la comunidad polaca, y por ende la comunidad católica, están en el punto de mira de la presión política del Estado.

La catedral de San Francisco Javier está repleta. La comunidad polaca la llena cada domingo. Entre las peticiones del sacerdote, que alterna el ruso y el polaco, hay una especialmente candente: el deseo de que el arzobispo Tadeusz Kondrusiewicz, cabeza de la Iglesia católica en el país, pueda regresar a su tierra.

Las autoridades han retirado su pasaporte a Kondrusiewicz, de ascendencia polaca pero ciudadano bielorruso, algo que viola la Constitución bielorrusa. Al arzobispo, bloqueado desde agosto en Polonia, adonde había viajado unos días, le niegan la posibilidad de volver. Esta insólita medida llegó después de que criticase públicamente la violencia policial.

“Tenemos una tradición reciente en Bielorrusia”, dice Andrzej Poczobut, miembro de la Unión de Polacos de Bielorrusia. “Todas las crisis políticas y problemas del país son culpa de Polonia. Este es el resultado de una profunda polonofobia del presidente Lukashenko”.

La posición de la Iglesia se mantiene inamovible pese a la presión política. “Si callamos ante la sangre inocente derramada en agosto, lo habremos dicho todo”, dice Jury Sanko, portavoz de la Iglesia católica bielorrusa. “Como gente de fe, tenemos que dejar aún más clara nuestra posición al respecto”.

Incluso desde la Iglesia ortodoxa, dependiente del Patriarcado de Moscú, han salido voces para defender al arzobispo católico. El Padre Pavel, sacerdote en la catedral de la Santa Protección en Grodno, es una de esas raras voces que desde una institución tan poderosa como es la Iglesia ortodoxa rusa se ha atrevido a cuestionar al poder.

Pavel, que tiene decorada la iglesia con iconos que recuerdan las matanzas de sacerdotes durante los años de la guerra civil rusa, dice: “Cuando llega el día, es importante estar listo para luchar por tus principios”. Y, citando al poeta exiliado ruso Aleksandr Gálich, Pavel apostilla: “La vida nunca es sencilla, y nuestro siglo nos está poniendo a prueba. ¿Saldrás a las calles cuando el momento llegue?”.