Santiago murió el pasado diciembre con tres años. Aunque había pisado siete hospitales y varias clínicas, nunca se supo qué le pasó. Lo único, que se fue entre convulsiones después de un periplo que duró seis días. Estuvo ingresado solo uno: el último, cuando por fin encontraron dónde atenderlo, cuando ya solo quedaba entubarlo. Nunca llegaron los resultados del TAC ni se encontró dónde hacerle una resonancia magnética. Cuando falleció, tampoco encontraron un ataúd. 

Su tía, Caridad Jiménez, de 28 años, hace una pausa para respirar y seguir contándolo. Y desvía el tema: “¿Cuándo es que habla Guaidó?”. Es viernes y se espera la primera aparición del presidente de la Asamblea Nacional desde que se proclamara presidente encargado de Venezuela durante la multitudinaria manifestación del 23 de enero, el mismo día que se conmemoraba la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958.

La Asamblea Nacional que preside Guaidó está en el centro de la crisis institucional que vive Venezuela desde 2016. Este organismo, de mayoría opositora, fue elegido en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015. En enero de 2016, la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró a su junta directiva en desacato y, desde entonces, ha anulado buena parte de sus decisiones legislativas. El 31 de marzo de 2017 emitió otra sentencia con la que anulaba la inmunidad parlamentaria de los diputados. Eso dio inicio a las protestas de ese año, que se saldaron con más de un centenar de muertos y con la decisión de Nicolás Maduro de establecer un “suprapoder”, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada solo por chavistas.

Caridad vive con su pareja, Luis Villar, en una casa construida por el padre de él en la Cota 905, una zona popular de Caracas. Tienen un hijo de ocho años, Sebastián. Habla de nuevo de su sobrino.

“De repente enfermó, le dio vómito y le dijeron que tenía un parche [dolencia] en el estómago. Por la noche le entró fiebre alta, se hizo pipí encima y empezó a convulsionar. Lo llevaron al hospital más cercano, una medicatura [ambulatorio] en Yare —población rural del estado de Miranda— y allí le dijeron que no podían hacer nada. Así que fue al hospital de Cúa, el más grande y cercano. Le diagnosticaron amigdalitis y le dijeron a la madre que tenía que llevárselo a su casa, que allí no tenían dónde internarlo. Le dieron una orden de traslado al Hospital Clínico Universitario, de Caracas, para que lo viera el neurólogo”.

Ya había caído la noche y su hermana no tenía manera de trasladar al pequeño Santiago a Caracas. No había transporte alguno. “El taxista que se ofreció a llevarlos le pidió una millonada. Así que esperó al día siguiente y se fue en transporte público”.

Luis, de 31 años, interviene: “Es que el transporte es un tema. De la Cota no hay modo de salir. Nosotros porque tenemos una moto, pero somos los tres. Para esperar que llegue un carrito por puesto [autobús] puede pasar una hora”.

La crisis económica que vive Venezuela y que se ha agudizado en los últimos años repercute en el sector del transporte. Según el secretario del Bloque de Transportes Suroeste de Caracas, en esa zona solo quedan 60 unidades, de 225 que había. El problema, explica, es la falta de repuestos o la imposibilidad de pagarlos si no se reciben dólares del exterior.

ESCASEZ Y RACIONAMIENTOS

Camino a Caracas, el niño convulsionó de nuevo. Lo llevaron al hospital más cercano, el materno-infantil de Caricuao. Allí le dijeron lo mismo que oiría más veces: no hay neurólogo, no hay camilla para atender al niño, no hay medios. Fueron entonces al Universitario, que era donde lo habían destinado inicialmente. “El niño estaba prendido en fiebre y no había ni agua para ponerle un paño”, explica la tía del pequeño. A las tres horas le dijeron que fuera al Hospital Pérez Carreño, referencia en la zona. “Quiero que estés clara que aquí no hay nada para que se le pueda atender. Te voy a dar una orden para que vuelvas de nuevo al Universitario”, cuenta Caridad que le dijeron a su hermana en la recepción del hospital.

La Federación Farmaceútica de Venezuela calcula que en el país solo hay entre un 15 % y un 20 % de los medicamentos necesarios. El ministro de Salud, Luis López, dijo el pasado mes de abril que los tratamientos estaban garantizados en el país y negó el desabastecimiento. Maduro, por su parte, apuntó como causas de la escasez a la “guerra económica” y al bloqueo.

Es hora del desayuno y Luis hace unas arepas. No hay agua, así que le toca apañarse con la que tiene en una garrafa. “Normalmente viene el agua de domingo a miércoles en la madrugada. O sea, tres días completos, aunque varía”, dice ella. Y explica: “Tenemos un tanque grande encima de la casa y ahí almacenamos, pero siempre lleno botellitas, botellones, lo que sea, porque si se nos acaba hay que ir con el perolero [cazuelas y pucheros] a casa de un vecino que tiene un tanque enorme”.

Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), el 70,8% de la población sufría racionamiento de agua en 2014. Esto se traduce hoy en que solo 18 de cada 100 caraqueños recibe agua a diario, según la Fundación Tierra Viva. El 79 % de los hospitales públicos de Venezuela no tienen agua. A pesar de los planes del Gobierno de Nicolás Maduro para atender la escasez de agua, el problema ha empeorado con el tiempo. El Gobierno achacó la situación al fenómeno El Niño y, posteriormente, al sabotaje de la oposición. Desde la oposición dicen que se debe a la falta de inversión en infraestructuras.

Igual pasa con la electricidad. Hay racionamiento en todo el país; el Gobierno culpa de la caída de la luz a sabotajes; la oposición, a la falta de inversión. Caridad y Luis no lo sufren tanto, aunque las últimas Navidades, cuando estaban de vacaciones en casa de la madre de ella, un apagón terminó de romper el frigorífico y, con él, toda la comida almacenada dentro. “No tenemos cómo recuperar esa inversión”, dice Luis.  

CHAVISMO Y OPOSICIÓN

Nicolás Maduro prestó juramento como presidente el pasado 10 de enero para el periodo 2019-2025. Las elecciones habían tenido lugar en mayo, en medio de las quejas de la oposición: buena parte de sus filas había sido inhabilitada para esos comicios, y pedían un proceso transparente, con tiempo suficiente y con observadores internacionales que lo garantizaran. El resultado electoral dio la victoria a Maduro, que se batía con Henri Falcón —antiguo chavista, luego opositor y, en estas elecciones, peleado con toda la oposición—, y con Javier Bertucci, un pastor evangélico.

El chavismo sacó más de 6 millones de votos, pero la participación fue la más baja de la historia de la democracia venezolana en unas presidenciales: solo acudió a votar el 46 % de la población. Buena parte de la comunidad internacional no reconoció los resultados y, a partir de ahí, la oposición empezó a marcar enero de 2019 —la fecha establecida para la toma de posesión del presidente— como el comienzo de otra etapa donde Maduro, de juramentarse, lo haría usurpando el poder.

El pasado 15 de enero, la Asamblea Nacional declaraba a Nicolás Maduro “usurpador” de la Presidencia de Venezuela. El 21 de enero, la sala constitucional emitía una sentencia en la que declaraba “nula de toda nulidad” a la junta directiva de la Asamblea Nacional en desacato, y solicitaba al Ministerio Público que revisara si habían cometido de faltas. Horas antes de esa sentencia, una pequeña sublevación militar tenía lugar en el barrio de Cotiza, muy cerca de la Cota 905, donde viven Caridad y Luis. Los militares que se alzaron fueron rápidamente reducidos por las autoridades.  

Caridad sigue relatando la odisea de su sobrino. Cuenta que gracias a un contacto consiguió un neurólogo en una clínica privada. Hizo una revisión al pequeño y dijo que no era meningitis y que había que hacerle un TAC. “Ningún hospital hace un examen de ese tamaño. Se llamó al 70% de las clínicas que hay en Caracas y en Los Teques [centro-norte de Venezuela] para hacer ese examen. Se consiguió finalmente en la Clínica Ávila y costaba, si mal no recuerdo, 29.000 soberanos. En diciembre, eso era como 7 salarios mínimos; al cambio eran como 50 dólares. Hubo que vender unos dólares”, explica la mujer, refiriéndose a sus ahorros.  

En las imágenes se veía una mancha. “El doctor pidió una resonancia urgente. Pero no se consiguió en ningún lado. Otra vez se llevó al niño al Vargas porque estaba ya muy mal; empezó a decaer, a perder facultades, ya hablaba mal”, relata la tía. “No es culpa del doctor ni de la enfermera. Es culpa de que lamentablemente en este país no hay nada. Ni siquiera hay doctores, el 70 % debe de estar afuera.”.

Gracias a un contacto consiguieron que los atendieran en el Hospital Militar. “A la hora lo tuvieron que entubar porque estaba muy grave y lo pasaron a terapia intensiva. Y de ahí no salió. Duró un día más. La resonancia nunca se le pudo hacer. Falleció y al final nunca se supo de qué”.

EL SALARIO, UN KILO DE QUESO

Caridad sirve un café guayoyo (sin leche, muy clarito). “Si ven que le falta azúcar, me dicen”. La mayoría de las cosas que tiene en su casa se las mandan de fuera. “Cuido a una señora, la familia está fuera y le mandan cosas. Y me mandan a mí también. Si no tuviera ese apoyo externo, no estaríamos aquí. Ellos dicen que no mandan mucho, pero ya que me manden un kilo de leche para el niño, es mucho”. Ella repite todo el rato que “gana bien”, lo que se traduce en 12.000 bolívares semanales (unos 10 euros al cambio oficial).

“Nos ha afectado mucho lo que aumenta todo. Los vegetales, el pollo, todo es demasiado costoso. Un kilo de queso costaba el sábado dentro del mercado de Quinta Crespo [en una zona popular de Caracas] unos 8.200 bolívares, y fuera, 5.200 bolívares. Compramos medio kilo porque no teníamos para más. El martes fuimos de nuevo porque no sabíamos qué podría pasar el miércoles, así que nos aprovisionamos de cosas”.

El miércoles del que habla Caridad había convocadas dos marchas. Una del chavismo, en apoyo a Nicolás Maduro. Después de años de movilizaciones masivas, apenas llenó unas pocas manzanas con empleados públicos vestidos con sus uniformes rojos. La otra, convocada por la Asamblea Nacional, fue, tal vez, una de las más grandes convocadas por la oposición en mucho tiempo. Allí fue donde Juan Guaidó se declaró presidente encargado en función del artículo 233 de la Constitución, que indica que el presidente de la Asamblea Nacional podrá tomar las funciones del Ejecutivo cuando haya “falta absoluta” del presidente de la República.

“Cuando fuimos el martes a comprar, el queso había pasado de 5.000 bolívares el más barato a  9.000 bolívares. Y dentro de Quinta Crespo estaba a entre 12.000 y 15.000 bolívares”. A Caridad le acaban de depositar su salario semanal. Es de 12.000 bolívares. Un kilo de queso.

El Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda) calcula que una familia venezolana necesita al menos 300 dólares para cubrir la canasta alimentaria. El Gobierno ha subido el salario mínimo 6 veces desde inicios de 2018. Actualmente está en 18.000 bolívares soberanos, el equivalente a 14 dólares al cambio oficial. El Fondo Monetario Internacional estima que, para este año, la inflación llegará al 10.000.000 %. El Gobierno no da cifras oficiales.

“A nadie le alcanza un solo trabajo para el día a día, todo está muy costoso en Venezuela. Yo tengo un buen trabajo porque, además, una o dos veces al año me voy con la señora a ver a sus hijos y eso me lo pagan en dólares. No es todo el tiempo, pero ese ingreso lo guardo y, por ejemplo, cuando llegan estas fechas, ya estoy buscando lápices de colores, camisas. Porque, aunque yo tengo mis ahorros, cuando llega el momento ya la plata no da”, dice Caridad. “Ahora compras dos pares de zapatos y con ese mismo dinero, en junio, compras solo un par”.

Mientras Caridad y su pareja explican su situación, Maduro y Guaidó hablan a la vez. Uno da una rueda de prensa en el Palacio de Miraflores. Otro habla en una plaza. Uno dice que está dispuesto al diálogo. El otro que solo aceptará hablar si sobre la mesa hay elecciones transparentes y la renuncia del poder. Uno habla de la lealtad de la Fuerza Armada Bolivariana “y chavista”. El otro pide que a los militares que “se pongan del lado del pueblo”. Uno está siendo televisado en el canal del Estado. El otro solo se puede ver en plataformas digitales.  

“Toda mi familia se fue. Todos los que vivían en esta casa se fueron. Si la cosa sigue así, me tendré que ir. El que está aquí está estancado”, dice Luis. Caridad lo mira, suspira. “Si no tuviéramos el ingreso de fuera, no podríamos. No estamos graves, pero no estamos bien. Ayer todas las tarjetas las teníamos en cero y se acabó el agua. Y no teníamos ni para eso”, dice. “No queremos irnos, pero lo tenemos planteado. Nos estamos ahogando”.

Las Naciones Unidas estiman que cerca de tres millones de personas han salido de Venezuela en los últimos años. Es, según el organismo, el mayor movimiento migratorio en la historia reciente de América Latina. No hay conflicto armado. La gente se va ante la escasez de medicamentos, comida y la incapacidad para afrontar la hiperinflación.

“Uno va acostumbrándose. Uno se adapta. Otros días —reconoce Caridad— uno menta madres. O dice: ‘Me voy p’al coño. Ya es necesario un cambio en el país’”.