México tiene un presidente abiertamente de izquierdas por primera vez en su historia, Andrés Manuel López Obrador, el candidato que capitalizó el hartazgo social ante la corrupción y la violencia que azotan el país. Su victoria llega después de las elecciones más homicidas de la historia, en las que al menos 145 políticos y colaboradores, según la consultora Etellekt, han sido asesinados.

La misma jornada empezó con el asesinato de una oficial del Partido del Trabajo, que forma parte de la coalición ganadora, en el estado de Michoacán. Esta región fue bautizada por los expertos en 2013 como el primer narcoestado de México donde el crimen organizado gobierna. Nos acercamos a uno de sus candidatos.

***

Está recostado en la hamaca, en sandalias y con una pistola bordada en el cinturón. Es el “candidato relajado”, asegura él mismo con una sonrisa burleta. Faltan apenas tres horas para cerrar los colegios electorales y el aspirante a diputado en el Congreso de Michoacán Cemeí Verdía esconde los nervios a la sombra. Los amaga como el AK-47 que antes siempre traía de escudo y que ahora procura no sacar de su coche blindado. Quiere llegar a ser gobernador algún día.

—Este será mi secretario —dice y señala a otro joven con sus mismos rasgos indígenas que se balancea en la hamaca contigua. Junto a ellos, sentados en sillas de plástico de terraza de bar, hay otra docena de hombres altos, panzones y bigotudos. A Cemeí Verdía, en cambio, apenas le crece la perilla. Y es tan flaco que, a sus cuarenta años, parece un chaval.

La humedad gelatinosa del trópico asfixia incluso bajo el manto del frondoso amate que reina en el patio del rancho. Para aplacar la sed, los hombres beben un refresco tradicional que se vende en bolsas de plástico.

—Como hay ley seca, aquí estamos, con pura agüita —se queja uno, en referencia al mandato electoral mexicano que prohíbe la venta de alcohol durante todo el fin de semana de las elecciones.

Cemeí Verdía protesta y llama a la mujer que está en la cocina.

—¿No tienes un tequilita ahí o algo?

—No, no queda, pero ahora lo mandamos traer —dice Luz Sandoval, la dueña de la casa, que calienta tortillas en la cocina. Hace tres años, esta señora elegante (55 años, esbelta, cabello largo con mechas rubias, uñas pintadas) no se amarraba un delantal al cuello, sino un chaleco antibalas.

A los veinte minutos llegan tres camionetas con un puñado de hombres armados con sus cuernos de chivos, como llaman en México a los fusiles de asalto soviéticos, los AK-47. El mismo tipo de armas con las que habían asesinado esa mañana a Flora Reséndiz al salir de su casa, una operadora en Michoacán del Partido del Trabajo, que forma parte de la coalición ganadora que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Empezaba así el día D de las elecciones más violentas de la historia mexicana, en las que 145 personas fueron asesinadas desde que empezó el proceso en septiembre.

Michoacán como símbolo

Pero este último asesinato queda lejos del rancho donde está Cemeí Verdía. Los recién llegados traen una botella de tequila y cervezas para todos. Las leyes siempre son relativas en México, y más aún en las zonas rurales. En el centro-occidente del país, Michoacán es uno de los estados de geografía más accidentada, con volcanes y montañas que alcanzan los 4.000 metros, lagos que no envidian al mar, manglares y cocoteros que se mecen sobre playas rocosas. Entre sus recovecos se siembran tradicionalmente tres de los productos mexicanos más exportados: el aguacate, el limón y la marihuana. Allí está el principal puerto de desembarco de piratería y de cocaína en México, Lázaro Cárdenas. Allí se firmó la primera constitución de América Latina, en 1814, y desde entonces sus gentes tienen fama de bravuconas.

El contrabando siempre existió allí. La marihuana crecía con la misma promiscuidad que las papayas y los narcos fungían de comerciantes que acopiaban la cosecha y la trasladaban al norte. Pero con el intervencionismo estadounidense para controlar el trasiego de drogas en América Latina, el vacío de poder que dejó la derrota del PRI en 2001 en México y el auge de la demanda, Michoacán se convirtió en un territorio en disputa para los cárteles y el negocio cambió de los estupefacientes a la violencia. Desde 2005, a los narcos tradicionales se sumaron los “malandros”, aquellos que usan el crimen y el terror para instaurar un régimen de extorsiones y corrupción que les garantiza el control absoluto de la población, las instituciones y cualquier actividad económica. La consigna plata o plomo se volvió ley. Primero fueron los Zetas, un grupo de exmilitares contratados como matones del Cártel del Golfo que introdujeron el sadismo como táctica de guerra para hacerse con su rebanada del pastel. Para combatirlos apareció un nuevo grupo con tintes religiosos, La Familia Michoacana, liderada por un antiguo maestro que perfeccionó el negocio con la producción de metanfetaminas, la droga de moda que podían sintetizar de manera artesanal gracias a los precursores químicos que llegaban de contrabando por el puerto.

Fue en Michoacán donde el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) inauguró su llamada “guerra contra el narco” y lanzó al ejército a hacer tareas de seguridad pública, lo cual abrió un conflicto múltiple que hasta mayo de 2018 se ha cobrado cerca de 250.000 vidas, según datos oficiales de la Secretaría de Gobernación. Mayo fue el mes más violento de la historia, en el que cada quince minutos mataron a un mexicano.  

La capital de Michoacán, Morelia, fue la primera ciudad mexicana donde hubo un atentado narcoterrorista, y fue allí donde nació la primera narco-secta, Los Caballeros Templarios, que erigían capillas a su líder, Nazario Moreno. “El Chayo”, tal y como es conocido, tiene al menos un milagro en su haber, el de morir dos veces. La primera fue en 2010, cuando el gobierno de Calderón lo dio por muerto sin presentar el cadáver, y la segunda en 2014, cuando sí fue ejecutado por el ejército después de actuar impunemente durante cuatro años en los que ni siquiera se le perseguía.

También fue en Michoacán donde en 2013 un grupo de ganaderos, limoneros y aguacateros se levantó en armas contra los criminales que los amedrentaban para defenderse ante la inacción y la complicidad del gobierno con los criminales. La postal parecía digna de los tiempos de la Revolución Mexicana y en un primer momento se ganaron simpatías nacionales e internacionales. Eran un reflejo del hartazgo social ante el crecimiento incontrolable del crimen. Se les mostraba como un grupo de rancheros, aparentemente auto-organizados, que luchaban armados con el mismo armamento que los narcos —rifles de alto calibre, barrets y hasta lanzagranadas— contra criminales sanguinarios con la permisividad del gobierno, que a la vez rechazaba hablar de grupos paramilitares.

La relación con el Estado fue muy contradictoria ese primer año. Al siguiente, 2014, el gobierno federal las legalizó como “fuerzas rurales” para combatir al crimen organizado. Les dio uniformes y salarios, y registró sus armas. Sin embargo, ya en ese momento, había pugnas intestinas y ellos mismos sufrían infiltración de criminales: había diferentes facciones entre las cuales había cuadrillas de criminales reconvertidos.

Fuera de la grabadora algunos autodefensas reconocían que habían recibido entrenamiento y armas del gobierno federal. El periodista José Gil Olmos, de la revista de investigación Proceso, documenta en su libro Batallas de Michoacán las reuniones entre el general colombiano Óscar Naranjo —señalado como artífice del paramilitarismo colombiano y asesor de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto hasta 2014— y una banda criminal enemiga de Los Templarios que colaboraba con el Cártel Jalisco Nueva Generación, el responsable del auge de la violencia en el último sexenio. “Se trataba de armar a numerosos civiles que estaban cansados del yugo de Los Templarios. Se les daría dinero y protección para que fueran ellos quienes combatieran a los criminales en su propio terreno”, escribe Gil Olmos.

Cuando en 2014 fui a cubrir el polvorín de Michoacán, en el estado operaban una decena de organizaciones armadas legales e ilegales dispuestas a matarse entre sí: las autodefensas ciudadanas, los grupos criminales La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Ejército, las policías estatales, municipales y federales y las policías comunitarias indígenas. La guerra no convencional mexicana concentrada en un estado del tamaño de Croacia. Y todas las instituciones gubernamentales, infiltradas. El procurador en aquellos años y gobernador interino está preso por vínculos con los Caballeros Templarios. Expertos empezaron a hablar de Michoacán como el primer narcoestado mexicano, donde no solo hay acuerdos entre autoridades y criminales, sino donde estos gobiernan.

“En aquel momento había un control total de los Templarios, Reyna era su operador político, pero ahora solo cambiaron una fichas por otras, las autodefensas se quedaron en manos del otro cártel y siguen secuestrando, matando gente, quemando casas, ahora en campaña mataron para que quedaran sus candidatos y todo queda en la impunidad”, explica el cura José Luis Segura Barragán, una de las voces más informadas y críticas en la región, y cuya vehemencia le ha costado más de un susto.

En esa complejidad criminal, que resume la espiral de violencia que azota todo el país, los más confiables eran las policías comunitarias indígenas, arraigadas a su comunidad por un proceso de organización autónoma que ha resistido durante siglos. Santa María de Ostula, comunidad nahua a orillas del Pacífico, ya se había levantado en armas contra el crimen organizado en 2009. Amparados por los tratados internacionales que permiten a los pueblos indígenas regirse por sus usos y costumbres, los indígenas de Ostula formaron una guardia comunitaria ante el abandono del estado. Pero eran solo una comunidad pequeña con escopetas de caza en una región infestada de criminales. A Cemeí Verdía lo intentaron matar en 2010 mientras jugaba a fútbol. Como otros jóvenes, decidió salir de su comunidad. En su ausencia, mataron a dos de sus tíos. Pero también a una treintena de personas más, como Don Trino, líder comunal que participó en el Movimiento por la Paz, que recorrió todo el país buscando alianzas ciudadanas pacíficas contra la violencia.

Animado por el movimiento de las autodefensas, Verdía volvió a su pueblo. Allí consiguió el apoyo de la Asamblea Comunal, la autoridad tradicional indígena que aborda desde cuestiones políticas hasta la administración de justicia, y lo nombraron Comandante General de la Policía Comunitaria de Ostula. Como tal tenía la potestad de hacer de policía, fiscal, juez… y hasta de negociar con los políticos locales. En esos años Verdía se convirtió en el principal enemigo del cártel de Los Caballeros Templarios en la costa, así como de intereses políticos y mineros poderosos de la zona, que incluso ofrecieron unos 30.000 euros por su cabeza. Lideró a más de mil hombres y mujeres como coordinador general de las autodefensas de Aquila, Coahuayana y Chinicuila. Salvó la vida en tres emboscadas y recibió múltiples amenazas de muerte. Eso sí: no se separaba de su AK-47 ni para ir a cosechar sus papayas, y en la carretera se movía siempre con escoltas. En uno de los atentados mataron a dos de ellos.

El gobierno federal, al tiempo que legalizó a las “fuerzas rurales”, empezó a detener a los líderes que no se plegaban a sus mandatos como mecanismo para reencauzar su poder. Cemeí Verdía fue uno de ellos. En 2015, el ejército mexicano lo detuvo en un enfrentamiento en el que un niño de doce años murió por una bala gubernamental. Verdía estuvo preso cinco meses por delitos que no le pudieron comprobar.

En Ostula dicen que cuando salió de la cárcel ya era otro. “Era muy yo, yo, yo, y aquí partimos del nosotros, vamos todos a una”, dice un vecino que prefiere mantenerse en el anonimato. Verdía asegura que volvió a su pueblo con más ganas de ayudar que nunca. Pero en su ausencia, Germán Ramírez, El Toro, le había sustituido como comandante de la policía, y hay egos y bolsillos que no sobreviven al segundo lugar.

“Es mi lapicero de trabajo”

La exuberancia tropical estrecha la sinuosa carretera que domina desde lo alto una costa escarpada. Cuando los árboles se despejan, aparecen unos rudimentarios tendidos de madera y palma que sirven para refrescarse a la sombra o para albergar humildes puestos donde comprar refrescos o papel higiénico. Al sobrepasarlos, unos conos naranjas y una docena de hombres con escopetas y vestidos de azul marino dan el alto al vehículo en que llegamos. Uno de ellos, moreno y bajito, con la camiseta azul donde se lee Guardia Comunal de Ostula, nos pide identificarnos y pregunta a qué venimos.

—Quedamos de vernos con Cemeí Verdía.

—Cemeí Verdía ya no es parte de la comunidad —nos responde fulminante. Y solo nos dejan pasar cuando mencionamos al Toro.

El pasado 10 de abril la Asamblea General de Comuneros y Comuneras de Santa María Ostula repudió a Cemeí Verdí. En un comunicado, lo acusaron de aliarse con el alcalde José Luis Arteaga y con criminales del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Le retiraron “toda representación y apoyo dentro de la comunidad por traicionar los principios de lucha de nuestra comunidad en aras de sus intereses personales y politicos”.

El día anterior al comunicado, Cemeí Verdía había hecho pública su postulación como candidato a diputado al Congreso de Michoacán por el derechista Partido Acción Nacional. En estas elecciones, además de jugarse la presidencia de México, se elegían 3.400 cargos públicos, entre ellos alcaldes, gobernadores, diputados federales y estatales. Desde la caída en 2001 del monolítico Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que gobernó durante 80 años continuados el país e institucionalizó la corrupción como sistema político, México se ha vuelto un reino de taifas donde los caciques locales negocian con diferentes partidos cargos públicos, cuotas de poder e incluso seguridad. Cemeí Verdía quiso capitalizar su reputación, en contra de la decisión de su comunidad de apoyar al candidato de Morena, su primo.

—Soy el candidato del pueblo, los partidos nos han usado mucho tiempo pero ahora queremos nosotros usarlos a ellos, yo voy por el pueblo, no tanto por el partido —dice desde su hamaca.

Asegura que el pueblo sigue con él, pero en la mañana estuvo formando durante más de dos horas en la cola que esperaba la apertura del colegio electoral y solo le arropaba su familia. Allí, sentado en la acera como cualquiera, su gesto se torcía. Sus colaboradores le custodiaban a unos metros.

—A mi gente la tienen asustada.

—Hombre, se notaba un poco de, cómo te diría… —le digo antes de que me interrumpa.

—De temor, de terror —se apura a añadir—. ¿Por qué? Porque saben que yo traigo gente armada. Armada pero buena y normal, de mi comunidad.

Sus afirmaciones contrastan con la imagen a la salida del colegio electoral, donde más de uno le niega la mano.

—Cemeí se olvidó de la gente, todo va sobre su interés propio, para vivir de ahí, no para ayudar. Aquí la delincuencia y la política van de la mano y él se puso a dividir la comunidad en beneficio del gobierno —dice el ahora Comandante General de la Guardia Comunal, Germán Ramírez, el Toro.

Entre los hombres que acompañan a Cemeí Verdía destaca un obeso. Una cadena de oro macizo cuelga sobre su nuca, que se pliega como una boca que sonríe a sus espaldas. Una joven mulata, guapa y exótica en esos lares, no se separa de él. Cuando se va a subir al carro, ella saca del bolso una pistola semiautomática, tipo Glock, que el gordo disimula debajo de su camiseta. Es nada menos que el alcalde saliente, José Luis Arteaga, y se la lleva para ir al colegio electoral, junto a Cemeí Verdía y dos escoltas, visiblemente armados. El alcalde se sube a una lujosa camioneta blindada. Como el Volkswagen Passat que maneja Cemeí Verdía, asegura que es un regalo.

—El Passat me lo regalaron ¿quién? Unos amigos que me quieren mucho —responde Verdía a la pregunta de cómo pudo pagar ese coche con un sueldo de policía comunitaria que ronda los 300 euros mensuales. Ante mi sorpresa, todos ríen.

—Pocos tienen esa dicha, los empresarios que agradecen, agradecen —añade el candidato.

En Aquila, la empresa más importante es la minera Ternium, que extrae mineral de hierro para acero y que durante años utilizó a los Templarios contra los comuneros de Ostula y Aquila, que se quejaban de afectaciones en su tierras. El candidato Verdía toma su cuerno para salir en la foto.

—Es mi lapicero de trabajo. Y cuando sea diputado lo voy a traer también. Primero está nuestra seguridad física y después todo lo demás.

—¿Cómo se puede hacer política con el crimen organizado operando en todos los municipios? —le pregunto.

—Se oye mucho el ruido de cárteles, pero a mí no me consta, porque a mí todavía no me han parado ni me han dicho nada —sostiene quien hasta hace pocos meses señalaba sin reparos que el Cártel de Jalisco Nueva Generación operaba impunemente en el estado.

En la cocina, Luz Sandoval, antes autodefensa y ahora dueña de la casa donde se hospeda Cemeí, da más pistas.

—El gobierno ya nos enseñó cómo solucionar los problemas —dice sin dejar de ocuparse de la comida de sus invitados.

Mientras, en el centro de Aquila, nadie en las filas de votación quiere hablar sobre violencia a los periodistas. En cada esquina y en los cafés se perciben halcones, como se llaman a los vigilantes de los grupos criminales o políticos. El Movimiento de Regeneración Nacional que encabeza López Obrador ganó la diputación federal de Aquila, pero nadie tiró cohetes ni salió a celebrar. Tampoco Cemeí Verdía, que un día después, cuando finalizó el conteo en todas las localidades, no salió electo.

Este es el México que hereda Andrés Manuel López Obrador.