Este texto intenta explicar de forma didáctica cuáles son las leyes israelíes que discriminan a los árabes. El recién lanzado número 2 en papel de 5W, Las reglas del mundo, se inspira en el mismo principio: contar cómo las leyes afectan a individuos y comunidades, y relatar su lucha por cambiarlas. Puedes comprar el número 2 aquí. 

El Parlamento israelí (Knéset) ha aprobado este mes de febrero la controvertida ‘ley Hasdara’ o de Regulación, que permite la expropiación forzosa de los territorios ocupados que son propiedad privada palestina, parcelas donde colonos judíos han construido viviendas ilegales sin la autorización del Ejército desde hace muchos años.

Aunque la ley ha sido condenada a nivel internacional, nada indica que las críticas vayan a acabar con el fenómeno de las expropiaciones. La ley de Regulación, dirigida específicamente contra los palestinos, es, por ahora, la última norma de una larga lista que lleva años en vigor en un Estado judío cada vez más radicalizado y que discrimina a los árabes, que representan cerca del 20% de la población de Israel. Estos son algunos de los casos más emblemáticos.

Demoliciones

Mohamed Abu Judeir fue secuestrado y asesinado la madrugada del 2 de julio de 2014 por un grupo de jóvenes colonos judíos en el barrio de Shuafat, en el sector ocupado de Jerusalén oriental. El joven palestino, de dieciséis años, fue trasladado a la fuerza en un coche hasta un bosque cercano, donde lo rociaron con gasolina y le prendieron fuego. La Policía detuvo a los culpables y tras el juicio, en el verano de 2016, trascendió a los medios de comunicación que la familia de Abu Judeir había solicitado al Tribunal Supremo que ordenara la demolición de las casas de los tres “terroristas” judíos que quemaron vivo al muchacho. Los padres solicitaban así la misma política de demolición que se aplica a las viviendas de los “terroristas” palestinos, pero la petición fue rechazada. El argumento fue que, a diferencia de lo que, según el Supremo israelí, ocurre en la sociedad palestina, la judía condena mayoritariamente el terrorismo y por lo tanto esa medida no era necesaria.

La organización israelí Paz Ahora, que se opone a todas las demoliciones por principio, argumentó que no es lógico que se destruyan las viviendas de los “terroristas” palestinos (y árabes israelíes) y se excluyan las de los “terroristas” judíos. “No hay ningún motivo que justifique que eso se haga en unos casos y no en otros”, declaró Eyal Raz, portavoz de Paz Ahora.

La demolición de la casa familiar de los “terroristas” viola la ley internacional, puesto que aplica un castigo colectivo que, según el derecho internacional humanitario, es ilegal. Sin embargo, Israel argumenta que la medida tiene poder disuasorio, algo que contradicen algunos estudios de distintas organizaciones no gubernamentales israelíes, como la propia Paz Ahora o el Comité Israelí contra la Demolición de Casas (ICAHD, por sus siglas en inglés). En cualquier caso, ejemplos como el de Abu Judeir ponen de manifiesto la discriminación legal que Israel aplica contra los palestinos, así como la parálisis de la comunidad internacional en lo que se refiere a la discriminación que sufren los no judíos.

Esta discriminación legal es sumamente corriente y con frecuencia se ha comparado esta situación con la de la Sudáfrica del apartheid. Pero, mientras que en aquella ocasión hubo presiones internacionales en contra, en el caso de Israel la comunidad internacional ha adoptado una actitud que, en la práctica, permite que se discrimine a los palestinos en un sinfín de ámbitos, sin que se haga nada realmente dirigido a acabar con este problema.

Ofer Cassif, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Hebrea de Jerusalén, considera que aunque existe claramente apartheid contra los palestinos en los territorios ocupados, no es correcto decir lo mismo en el interior de Israel. “Hay, eso sí, una profunda discriminación contra los palestinos de Israel; aunque en mi opinión no es apartheid, sino una discriminación que se ha manifestado desde el establecimiento del Estado en 1948. Por ejemplo, desde la creación de Israel se han construido desde cero 700 nuevas localidades para la población judía, mientras que en el mismo periodo no se ha construido ninguna para la población árabe. Y la mayoría de las 700 nuevas localidades para judíos se han construido, irónicamente, sobre tierra que era propiedad de árabes. Además, hay otros tipos de discriminación que afectan al trabajo o a la libertad de prensa: las publicaciones en lengua árabe de Israel se rigen por normas más restrictivas que las publicaciones en lengua hebrea, y están sometidas a una mayor censura”, explica.

“No aptos”

Otro caso emblemático es el de Ahmed y Fatina Zubeidat, dos árabes israelíes que intentaron adquirir una vivienda en una comunidad del norte de Israel, Rakefet. Su petición fue rechazada repetidamente porque la comunidad de vecinos los consideró “socialmente no aptos” por ser árabes. Después de varios años de litigio, en septiembre de 2011 el Tribunal Supremo obligó finalmente a Rakefet a vender a la pareja una parcela de la comunidad para que construyeran su casa. El matrimonio estuvo representado por la organización no gubernamental Adalah, que combate la discriminación que sufren los árabes. Aunque este caso se ganó en los tribunales, ese mismo 2011 la Knéset aprobó una ley que autoriza a más de 400 comunidades de vecinos a bloquear la admisión de ciudadanos árabes.

La discriminación se practica en todos los ámbitos. La Ley de Ciudadanía aprobada en el Parlamento en 2003 prohíbe la reunificación de los matrimonios en los que uno de los miembros reside en Israel y el otro en los territorios ocupados. Un judío de cualquier parte del mundo puede emigrar a Israel en el momento en que lo desee, pero una israelí árabe no puede casarse con un palestino y vivir dentro de su país. Desde ese 2003, la Knéset ha aprobado numerosas reformas a la Ley de Ciudadanía que endurecen aún más las condiciones para la reunificación familiar de los no judíos.

La ONG Adalah ha documentado más de medio centenar de leyes israelíes que “directa o indirectamente discriminan a los ciudadanos palestinos de Israel en todos los ámbitos de la vida, incluyendo sus derechos a la participación política, vivienda, educación (y) acceso a los recursos de los presupuestos del Estado”. Sin embargo, la lista de las cincuenta leyes que ha confeccionado Adalah no es exhaustiva.

Las leyes de Israel

La Knéset aprueba regularmente leyes que excluyen o ignoran a los 1,2 millones de palestinos que son ciudadanos de Israel, una minoría que representa aproximadamente un quinto de la población, y lo ha hecho desde el mismo establecimiento del Estado en 1948. Estas normas ratifican legalmente la manifiesta desigualdad de los ciudadanos árabes con respecto a los ciudadanos judíos.

Con las últimas elecciones parlamentarias de 2015 —en las que venció el partido del primer ministro Benjamin Netanyahu, Likud—, las tensiones entre comunidades han sido exacerbadas por la Knéset, donde existe una consistente mayoría de diputados nacionalistas y religiosos que han profundizado en la discriminación. Se trata de leyes que, según Adalah, excluyen a los árabes de su derecho a la tierra, consideran que la ciudadanía israelí es un privilegio y no un derecho, criminalizan cualquier expresión o acción que cuestione el supuesto carácter judío del Estado o destinan mayores fondos públicos a los ciudadanos judíos.

Esta separación se vive también en la misma sociedad. En 2015, en el aeropuerto de Atenas, un grupo de israelíes judíos montó un escándalo en el interior de un avión de la compañía Aegean Airlines que volaba a Tel Aviv. El griterío obligó a subir a la cabina a la policía griega, que identificó a dos árabes que resultaron tener en regla sus papeles. Sin embargo, los pasajeros judíos insistieron en que los árabes eran “sospechosos” y se negaron a que el avión despegara hasta que fueron desalojados del aparato.

La misma definición de Israel como “Estado judío” o “Estado del pueblo judío” ya implica una discriminación para los ciudadanos no judíos. Es una definición que manifiestan públicamente todos los miembros del Gobierno y el mismo presidente de Israel. En los medios de comunicación es corriente escuchar esta definición y los políticos de prácticamente todo el arco parlamentario la utilizan sin descanso.

Un estudio elaborado por el Instituto Democracia de Israel en 2010 reveló que el 53 % de los israelíes judíos eran partidarios de que el Estado animara a los no judíos a marcharse del país. En otro sondeo elaborado ese mismo año, se recogía que el 51 % de los israelíes judíos eran partidarios de que los árabes no tengan los mismos derechos que los judíos, un porcentaje que se mantenía prácticamente idéntico entre los judíos más jóvenes, de entre 15 y 18 años.

Sin Constitución

Israel cuenta con algunas de las normas más avanzadas del mundo para proteger a las mujeres, a las personas con discapacidad o a los homosexuales. Sin embargo, las leyes no protegen a los árabes. El hecho de que Israel se defina a sí mismo como Estado “judío y democrático” trae consigo una contradicción fundamental, especialmente si se tiene en cuenta que en caso de que el carácter “judío” entre en contradicción con el carácter “democrático”, el conflicto suele resolverse a favor del carácter “judío” y en detrimento de la democracia, es decir, en detrimento de quienes no son judíos. Al igual que en Israel, en otros países islámicos de la región, que no son democráticos, se dan situaciones semejantes.

Las leyes internacionales insisten en el principio de igualdad y enumeran numerosas áreas donde se prohíbe la discriminación, como la raza, el sexo, la religión, el origen, la lengua o la opinión política. A los países que forman la comunidad internacional se les requiere que introduzcan provisiones legales a estos efectos. Sin embargo, en Israel el derecho a la igualdad y a la libertad no está contemplado explícitamente en las leyes como un derecho constitucional.

Las llamadas Leyes Básicas, como la de 1958 sobre la Knéset y las enmiendas posteriores, recogen que un partido político puede ser excluido de las elecciones si niega la existencia de Israel como Estado “judío y democrático”. En la práctica, esta norma limita o prohíbe el libre ejercicio de los derechos políticos y se usa para evitar que los partidos árabes, a través de medios democráticos, puedan alterar leyes discriminatorias.

Israel carece de una Constitución o de una Ley Básica que garantice el derecho a la igualdad y que prohíba la discriminación de los árabes. Según señalan distintas organizaciones no gubernamentales como Adalah, no se trata de un descuido de los legisladores, sino de una decisión consciente, derivada del carácter judío del Estado que ya se recogía en la Declaración de la Independencia de 1948.