En una región dominada por autoritarismos como Oriente Medio, ¿cómo ha sido hasta el momento la gestión de la pandemia en tres países regidos con mano dura como Egipto, Irán y Siria? Son sistemas a los que la crisis ha cogido por sorpresa, al igual que ha ocurrido en países democráticos. Pero también son sistemas que han aprovechado la situación para ir un paso más allá en la represión de voces discordantes y han seguido practicando la censura en medio de la pandemia. 

La negación como estrategia

A finales de marzo, Irán, la puerta de entrada del virus a Oriente Medio, registraba el mayor número de personas infectadas de toda la región, con una media de más de 100 personas muertas al día por esta enfermedad. Sin embargo, las autoridades iraníes negaron durante semanas que en el país hubiese infectados.

En un discurso del 25 de febrero pudo verse a Iraj Harirji, viceministro de Sanidad, negando la existencia de casos en el país mientras trataba de contener la tos y se secaba la frente, empapada en sudor, con un pañuelo. “Las cuarentenas son cosa de la Edad de Piedra”, declaró horas antes de ser puesto él mismo en cuarentena tras haber dado positivo por covid-19.

Semanas de negación contribuyeron a que el virus se propagara en Irán. Ante ello, las autoridades censuraron la cobertura de la pandemia y detuvieron a periodistas como Mohammad Mosaed, a quien acusaron de compartir “mensajes criminales” en sus redes sociales. 

“Hay mucha presión sobre los periodistas. Siempre la hay, pero en una situación como esta la censura y la represión aumentan”, cuenta el periodista iraní residente en Bruselas Fred Petrosian. “Las autoridades tienden a identificar cualquier problema, incluso una enfermedad como esta, con un enemigo externo”.

Petrosian subraya la insistencia de la Guardia Revolucionaria en responsabilizar a Estados Unidos e Israel de la creación del virus. “Según la Guardia, el objetivo del virus era acabar con la resistencia que supone Irán frente a estas dos potencias. A partir de ahí, la información emitida por las autoridades ha sido tan contradictoria que ha hecho que se propagase tanto la pandemia como la sensación de pánico de no saber qué está ocurriendo realmente”. En el seno del régimen se ha producido un debate entre los sectores más ultraconservadores, que se consideran capaces de hacer frente al virus, y los moderados, representados por el presidente, Hasán Rohani, que piden el final de los castigos impuestos por Donald Trump y solicitan ayuda para hacer frente a la pandemia.

La negación y la falta de transparencia han sido también una constante por parte de las autoridades egipcias. Es difícil conocer en detalle la gravedad de la situación, teniendo en cuenta el control de los medios que el régimen del general Abdelfatah Al Sisi ostenta desde su ascenso al poder, tras un golpe de estado que derrocó al Gobierno de Mohamed Morsi en julio de 2013.

Las cifras difundidas a través de los canales oficiales chocan con la información ofrecida por corresponsales extranjeros en el país, que hablan de miles. Horas después de que el diario The Guardianpublicara a mediados de marzo que los contagiados en Egipto podrían superar los 19.000, las autoridades expulsaron a la autora del artículo, Ruth Michaelson, y anunciaron que revocarían las credenciales del medio “si no se retractaba”, una medida que han aplicado al resto de medios extranjeros con presencia en el país.

“Con coronavirus o sin él, Al Sisi está en guerra con la libertad de expresión y con la prensa, más aún de lo que lo estuvo (el dictador durante 40 años, Hosni) Mubarak”, cuenta en entrevista telefónica M., ingeniero de software egipcio que pide no ser identificado por temor a sufrir represalias. “Al Sisi no acepta críticas ni cuestionamientos de ningún tipo. Ha cerrado unos medios de comunicación, comprado otros y obligado a los principales editores a pasar por una formación militar”, apunta M.

El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) ya ha alzado la voz: “La información precisa sobre la pandemia covid-19 es una cuestión de vida o muerte para los egipcios y para la gente de todo el mundo, y no debe supeditarse a intereses políticos (…). Las autoridades egipcias deben permitir tanto a periodistas locales como a corresponsales extranjeros desarrollar su trabajo en libertad y sin miedo a ser arrestados o acosados por las autoridades”.

Si la negación ha sido la estrategia oficial en Irán y Egipto, el régimen sirio ha llevado esta práctica al extremo. Así respondía el 16 de marzo el responsable de Sanidad en Damasco a una periodista que le preguntaba cómo era posible que Siria fuera uno de los pocos países donde no se habían registrado casos de coronavirus: “En Siria no hay coronavirus. El Ejército Árabe Sirio ha salido a la calle y créame que ha acabado con muchísimos gérmenes”.

Una semana después, fuentes oficiales admitían finalmente la existencia de contagios, en concreto de cinco en todo el país, antes de decretar el confinamiento obligatorio en Damasco y el resto de ciudades bajo su control. Actualmente hay solo 42, según el recuento oficial.

“Pasaron de decir que en Siria no podía entrar el virus a obligarnos a quedarnos en casa”, cuenta B., una ama de casa de 60 años desde un barrio del centro de Damasco. “Pero aquí hay muchísima gente que no tiene casa. Hace ya años que en el parque al que da mi balcón veo decenas de familias, desplazadas de otros barrios de Damasco y de otras ciudades. Duermen ahí, comen de lo que los vecinos les dan, y ocurre lo mismo en el resto de parques y plazas. ¿Adónde va a ir esta gente?”, se pregunta B, que, como en el caso de Egipto, también tiene miedo a identificarse con su nombre real.

Esta ama de casa lamenta también la subida de los precios de los alimentos y bienes de primera necesidad (un 10-15 por ciento desde el inicio del confinamiento, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas), que ya en los últimos años había alcanzado cotas desorbitadas, inaccesibles para una población empobrecida por nueve años de guerra. “Comprar cosas básicas como pan, aceite o yogur es cada vez más difícil”, se lamenta. La economía de posguerra asfixia a los sirios. 

Represión en aumento y emergencia en las cárceles

En un país devastado por bombardeos, asedios, hambrunas impuestas y en el que los desplazados internos suman 6,2 millones, según la ONU, los números oficiales (o la ausencia de ellos) chocan con la alarma de organizaciones como la delegación del Comité de Rescate Internacional (CRI) en Oriente Próximo, que alertan de la debacle que puede suponer la pandemia.

En las zonas del noroeste de Siria que permanecieron durante años fuera del control del régimen y que han sufrido constantes bombardeos por parte de las fuerzas aéreas de Asad y su aliado ruso, “las condiciones son perfectas para la propagación de la enfermedad”, advierte el CRI. Decenas de instalaciones sanitarias y un gran número de viviendas fueron destruidas en la última campaña de bombardeos contra Idlib y el resto de la región a finales de 2019, dejando a buena parte de la población sin hogar ni acceso a atención sanitaria. El frío, la falta de comida y agua potable hacen que la población de esta zona esté indefensa ante la pandemia.

En cuanto a las zonas bajo control directo del régimen, el mayor riesgo se cierne, además de sobre el gran número de personas desplazadas e instaladas en plazas y calles de las grandes ciudades, sobre los presos y desaparecidos en los centros de detención. Centros en los que los presos viven hacinados y sin las mínimas condiciones de higiene, como la cárcel de Sednaya, a la que Amnistía Internacional se refirió en 2016 como “matadero humano” en el que “se tortura a escala industrial”.

Organizaciones de derechos humanos como el Foro de Familias para la Libertad denuncian desde hace años las condiciones en estas prisiones. En las últimas semanas, ante la alerta de pandemia, han arreciado los llamamientos para que las autoridades sirias procedan a la liberación de presos como medida de contención del virus. Una carta (en árabe) firmada por más de 40 grupos de derechos humanos alerta del peligro en que se encuentran alrededor de 100.000 reclusos.  

“Personas detenidas sin juicio mueren a diario en los centros de detención a causa de la tortura sistemática, la falta de asistencia sanitaria y la situación de hacinamiento y falta de higiene en celdas sin ventilación”, denuncia Noura Ghazi, abogada de derechos humanos siria y una de las impulsoras de la campaña por la liberación de los presos. En conversación telefónica, cuenta que la situación en la que viven estas personas es “inimaginable desde contextos donde existan unas mínimas garantías judiciales”. Y alerta de que la llegada del coronavirus a cualquiera de estos centros de detención, “en las condiciones inhumanas en las que se encuentran los presos”, puede suponer una catástrofe. 

Una campaña similar ha sido lanzada por la liberación de los presos en Egipto, donde decenas de miles de personas permanecen detenidas en el contexto de la represión de Al Sisi contra periodistas, abogados y defensores de derechos humanos, que se recrudeció en 2019.

En las prisiones egipcias, donde la tortura es una práctica sistemática según el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, se encuentran detenidas personas de todas las edades, entre ellas cientos de niños y menores de edad. Un informe reciente de Human Rights Watch sobre Egipto denuncia que como parte integral de la represión contra la sociedad civil, policías y oficiales de la Agencia de Seguridad Nacional del Ministerio de Interior han detenido de forma arbitraria y torturado a cientos de menores en los últimos años.

“Ninguno de los menores de los que hemos hecho seguimiento para este informe fue detenido mediante orden judicial, como requieren tanto la legislación egipcia como la internacional. Todos fueron desaparecidos de forma forzosa por parte de las fuerzas de seguridad durante meses y llevados a campos de entrenamiento y a otros centros de detención no oficiales de las fuerzas de seguridad”, señala el informe.

En el contexto de expansión de la pandemia en Egipto, familiares de detenidos y desaparecidos llevan semanas alertando del peligro de contagio y pidiendo que se tomen medidas en las cárceles, donde es habitual que a los presos se les requisen sus enseres de higiene personal como jabón, cepillos y pasta de dientes o papel higiénico, y no se les permita acceder a agua corriente, luz o ventilación.

La respuesta de las autoridades ante las protestas por el riesgo al que se enfrentan los presos ha sido aumentar la represión y detener también a quienes reclamaban medidas que garantizasen la protección de sus familiares. Entre ellos, la familia de Alaa Abdelfattah, desarrollador de software y defensor de derechos humanos detenido desde marzo de 2014, acusado de participar en la organización de manifestaciones. Entre las últimas detenidas por manifestarse ante la gravedad de la situación se encuentran la propia madre, la hermana y la tía de Abdelfattah.

Los llamamientos para liberar a los presos en Egipto y Siria siguen la estela de los que se han producido recientemente en Irán. Una medida tomada después de que Naciones Unidas advirtiera de que el hacinamiento y la falta de higiene en las cárceles iraníes podrían provocar una catástrofe humanitaria. El 17 de marzo las autoridades anunciaban la liberación temporal de decenas de miles de detenidos como medida para contener la pandemia.

“Irán suele responder a la presión internacional, en este caso ha funcionado”, informa desde Bruselas Petrosian, que alerta del gran número de presos de conciencia que continúan detenidos en el país. “Recordemos que la liberación es temporal y que mucha gente que estaba en prisión injustamente será devuelta allí. Hay incluso médicos que por alertar de la pandemia hace semanas están siendo juzgados como si hubiesen cometido un crimen. No solo el coronavirus destruye vidas: las violaciones de derechos humanos continúan y también destruyen vidas”.

Libertad de expresión bajo la pandemia

Reporteros Sin Fronteras ha denunciado desde el principio de la pandemia los ataques contra la libertad de expresión en todo el mundo, también en Oriente Medio. “La pandemia de covid-19 está ofreciendo a varios Gobiernos de Oriente Medio una oportunidad para recuperar el control de los medios y reafirmar su monopolio sobre la difusión de información”, dijo la organización.

Egipto, Irán y Siria son ejemplo de una gestión en la que predomina la negación, la ocultación de información, la difusión de análisis confusos y contradictorios y la búsqueda de enemigos externos. Algunos de esos aspectos ya se han visto en algunas democracias, donde se teme que la pandemia allane el camino para que el Estado implante medidas de control social y político. Pero mientras se pone el foco en las consecuencias globales del virus, los regímenes tienen incluso más carta blanca que antes para vulnerar los derechos humanos.